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socialistas IMPLICADOS en corrupción
Las dimisiones pendientes del PSOE
El caso Faisán, los ERE o abultados patrimonios sin justificar afectan a importantes miembros del PSOE que, sin embargo, ni se plantean dimitir.

Rubalcaba: "Gürtel no tiene nada que ver con el chivatazo"
Camacho descarta dimitir por el caso Faisán

2011-07-21
LIBERTAD DIGITAL 21

Son numerosos los casos de corrupción y los procesos judiciales abiertos contra miembros del Partido Socialista. Además son bastantes los altos cargos del partido tanto a nivel nacional como regional que están implicados en ellos. Estos son sólo algunos de los ejemplos más representativos:

Caso Faisán- La investigación del chivatazo que se hizo a la banda terrorista en mayo de 2006 para evitar una operación policial contra el aparato de extorsión de ETA destapó uno de los mayores escándalos de la democracia, en el que están implicados importantes miembros del PSOE. Actualmente hay tres procesados en el caso Faisán: dos altos mandos policiales de Rubalcaba y el que era entonces director general de la Policía, el cargo político, Víctor García Hidalgo. A pesar de su situación judicial sigue siendo secretario de Organización del PSOE de Álava y está siendo defendido a capa y espada desde Ferraz.

El caso también está salpicando a altos cargos del Ministerio. El nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, también aparece en el caso. Su teléfono móvil del ministerio, cuando era secretario de Estado de Seguridad, aparece dentro del tráfico de llamadas antes, durante y después del soplo a los etarras y habría recibido llamadas de García Hidalgo. Para el PP la responsabilidad en este caso llega incluso más alto y apuntan directamente a Pérez Rubalcaba, al que llaman la equis del chivatazo a ETA.

Manuel Chaves y los privilegios de su familia- El vicepresidente tercero también se ha visto salpicado por numerosos escándalos por las subvenciones que la Junta de Andalucía daba a las empresas que tenían contratados a sus hijos. El caso más sonado fue el de Matsa. El presidente del PSOE firmó la subvención de diez millones de euros a la empresa apoderada por su hija Paula, cuando debería haberse inhibido según la Ley de Incompatibilidades. Meses antes, el Ministerio de Industria había denegado esta ayuda por el alto riesgo de impago.

La cosa no quedó ahí y su hijo Iván también saltó a la actualidad tras hacerse públicos sus suculentos negocios con la Junta de Andalucía. El vástago del socialista andaluz se definía como comisionista de varias empresas que conseguían a su vez apetitosos contratos del Gobierno andaluz y de otra serie de administraciones locales gobernadas por el Partido Socialista.

Los ERE fraudulentos de la Junta- Uno de los casos de corrupción más importantes de España se consiguió destapar gracias a la investigación que la juez Alaya realizó sobre el caso Mercasevilla, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Sevilla y en el que hubo varios concejales imputados y hasta un consejero implicado.

A partir de ahí se fue destapando el caso de los ERE. Fue el ex director general de Empleo de la Junta, Javier Guerrero, quien desveló la existencia de un "fondo de reptiles" de 650 millones de euros con el que se realizaron ERE fraudulentos de varias empresas. En estos expedientes aparecían incluidos numerosos socialistas y sindicalistas a los que no les correspondían dichas pensiones.

El caso fue ascendiendo en el organigrama de la Junta e implicó a varios altos cargos del Ejecutivo andaluz, entre ellos varios exconsejeros, uno incluso aparecía en uno de los ERE. La trama se inició con Manuel Chaves en la presidencia y José Antonio Griñán en la Consejería de Economía y siguió con este último como jefe de Gobierno. De hecho, un informe de la Intervención General de la Junta afirmaba que ambos conocían la existencia de este "fondo de reptiles".

El abultado patrimonio de Bono- El espectacular crecimiento del patrimonio de la familia Bono también está siendo investigado por la Justicia y por los medios de comunicación. Destaca la cantidad de inmuebles que posee el manchego y que incluye dos pisos en Estepona, un ático de lujo y un piso en el céntrico barrio de los Austrias en Madrid para su hijo, una finca en Albacete y varios chalés en la provincia de Toledo.

También se produjo una investigación que se ha hecho de la Hípica Almenara, propiedad de la familia Bono, por un presunto delito societario y falseamiento de cuentas anuales. Por otro lado, motivo de otras polémicas fueron los regalos que recibió como caballos de carreras y obras de reforma en sus propiedades sufragadas por empresarios manchegos muy vinculados al actual presidente del Congreso.

Compra de votos en Melilla- Dionisio Muñoz fue el candidato del PSOE por Melilla en las últimas elecciones municipales, a pesar de estar imputado por un presunto delito electoral, falsedad documental y uno posible de obstrucción a la justicia. En las elecciones generales de 2008, el PSOE melillense inició una trama de compra de votos a 2.500 desempleados, a cambio de un puesto de trabajo en los "planes de empleo" de la Delegación del Gobierno de Melilla. Después de una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla imputó a 27 altos cargos políticos, entre los que se encontraban cuatro diputados del PSOE y dos del grupo Coalición por Melilla.

Las "obras" del líder del PSG- Manuel ‘Pachi’ Vázquez. El secretario general de los socialistas gallegos derribó clandestinamente una de sus construcciones supuestamente ilegales de su mansión rural en San Amaro (Orense). La última fue un cenador acristalado que hacía las funciones de caseta de piscina. Además, en 2006, la esposa de Vázquez, también concejala del PSG, presentó una solicitud de licencia para cambiar las tejas de su casa. El Consistorio valoró el trabajo en 4.000 euros. Sin embargo, la obra en cuestión fue valorada entre 400.000 y 600.000 euros. Manuel Vázquez pagó 80 euros en tasas, cuando debía haber abonado entre 6.000 y 12.000.

José Blanco y Villa PSOE- En la gallega isla de Arosa, el ayuntamiento socialista, regido por José Manuel Vázquez Vázquez, accedió a que una promotora privada levantase cuatro bloques de edificos con pisos, dúplex y áticos de lujo –el más barato, valía 300.000 euros-. La Ley 22/1998 de 28 de julio, conocida como Ley de Costas, establece con claridad una distancia mínima de 100 metros de la costa para poder edificar. Esta urbanización de lujo está a una distancia inferior a los 100 metros de la costa. La Ley de Costas permite excepciones, en casos de especial interés público o económico, en las que se baja la línea de costa hasta los 20 metros. José Blanco es uno de los propietarios del residencial.


http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-07-21/las-dimisiones-pendientes-del-psoe-1276430299/

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¿POR QUÉ NO DIMITEN?
Un centenar de socialistas imputados se mantienen en sus cargos públicos
La dimisión de Camps deja ahora en evidencia al PSOE, que tiene actualmente a casi cien cargos públicos inmersos en procesos judiciales.

Rubalcaba: "Gürtel no tiene nada que ver con el chivatazo"

2011-07-21
LIBERTAD DIGITAL 9

El PSOE ha celebrado la dimisión de Camps al frente de la Generalidad valenciana, algo que venía pidiendo reiteradamente desde hace tiempo, por la causa de los trajes. Sin embargo, la vara de medir es bien distinta cuando los imputados están en sus filas. De hecho, hay hasta ochenta y cinco socialistas que ocupan un cargo público que están inmersos en procesos judiciales y que ni han presentado su dimisión, ni su partido se la ha exigido.

Andalucía es la comunidad autónoma donde el PSOE se lleva la palma. Hasta sesenta políticos socialistas están acusados de algún delito y, para más inri, es en esta región donde se ha destapado uno de los escándalos más importantes en décadas, el de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. Seiscientos cincuenta millones de euros se desviaron al llamado "fondo de reptiles". Hasta treinta socialistas se han visto, hasta el momento, implicados en un caso que también ha afectado a sindicalistas y empresarios.

Muchos de estos miembros del PSOE ocupaban sus cargos públicos antes y después de su imputación, aunque algunos se vieron obligados a dejar sus cargos. Sin embargo, los hay que todavía se agarran a sus puestos, como Antonio Fernández, exconsejero de Empleo y actual presidente del consejo regulador de Jerez, así como el parlamentario autonómico Ramón Díaz Alcaraz.

Además, la juez Alaya no ha encontrado más que problemas por parte de la Junta de Andalucía para conseguir las actas de estos ERE e, incluso, está investigando ya una posible financiación ilegal del partido. Incluso un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía señalaba que el presidente Griñán conocía el escándalo y no hizo nada para evitarlo.

El escándalo por antonomasia, que podría ser uno de los más importantes de la democracia, también salpica de lleno a las altas instancias socialistas. El chivatazo a ETA. El caso Faisán ha llegado hasta el actual ministro del Interior, Antonio Camacho, cuyo número de teléfono aparece en el caso. Además, tres altos cargos policiales de Rubalcaba están procesados en el caso Faisán y los hechos apuntan a que los policías no tomaron esta decisión por su cuenta. Uno de ellos, Víctor García Hidalgo, exdirector de la Policía, es actualmente secretario de Organización del PSOE de Álava. Y tampoco tiene visos de de dimitir.

En Ibiza también hay importantes socialistas imputados que siguen ostentando tranquilamente sus cargos. En las listas de las pasadas elecciones locales y autonómicas estaba presente el expresidente del Consejo de Ibiza, Xicu Tarrés. En estos momentos sigue estando imputado por un posible delito de corrupción urbanística en el llamado caso Ibiza centro. Los socialistas aseguraban que "no privaremos a Ibiza del mejor candidato que tiene para ser el presidente del Consell".

También en la Comunidad Valenciana, cargos del PSOE están implicados en procesos judiciales. Es el caso de las facturas de Elche. Aquí incluso Pérez Rubalcaba y Leire Pajín presentaron al candidato para la ciudad alicantina, Alejandro Soler, que como regidor habría ocultado documentación a los auditores. El caso fue archivado pero el Tribunal Supremo estimó el recurso del PP y la instrucción está siguiendo adelante, tal y como informa La Razón.

En Melilla tampoco ha habido dimisiones de cargos socialistas tras la compra de votos en la ciudad autónoma. Aquí, el secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz, sigue estando imputado por presunto delito electoral por la compra de votos para las elecciones generales de 2008. A pesar de ello, fue el candidato en las últimas elecciones. Hasta veintiséis miembros de la coalición PSOE-CPM están imputados por enviar cartas a parados prometiéndoles trabajo a cambio de su voto.

En la ciudad extremeña de Plasencia, siendo alcaldesa la socialista Elia María Blanco, se volvió a presentar pese a estar imputada por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Es más: fue aupada por la ejecutiva provincial del PSOE. También en esta comunidad hay varios socialistas, como la exalcaldesa de Moraleja, imputados por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.

El caso Unión también salpica a los socialistas canarios. De hecho, el secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, permanece imputado por fraude, cohecho y prevaricación. También en esta comunidad se encuentran imputados otros socialistas como Jaime González Cejas o Juan José Dorta.


http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-07-21/un-centenar-de-socialistas-imputados-se-mantienen-en-sus-cargos-publicos-1276430270/