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el original
Police Vs Vietman Veteran [Police Shootout 1998 footage]
Deputy Kyle Dinkheller, Laurens County, GA, was minutes from being off duty when he encountered a speeding pickup truck going 98 mph. The deputy was an ICE (Interstate Criminal Enforcement) officer that dealt with traffic infractions, speeding and the occasional drug bust. This was a low risk or unknown risk stop for speeding. He radioed in the speeding infraction, made a U-turn in the median and pursued the vehicle. The driver, Andrew Brannan, stopped his vehicle, exited and started a crazy, dancing jig in the middle of the road while swearing at the officer and shouting Im a god-damned Vietnam vet. At first, he ignored Dinkhellers commands to step towards the deputy, which always began with `Sir. When he finally complied, he attacked the deputy and a scuffle ensued. The deputy implemented the use of his asp and ordered Brannan to `get back. This procedure was repeated, but after what appeared to be a second scuffle, the suspect returned to his vehicle and retrieved a M-I Carbine from under the seat. The first shots were fired nearly 50 seconds after Brannan returned to his vehicle despite the deputys commands. Brannan ignored the repeated commands to put the gun down and Deputy Dinkheller apparently fired the first shot. Brannan, a Vietnam veteran, advanced firing on the deputy. Dinkheller returned fire, but succeeded only in breaking a window in the drivers side of the pickup and wounding Brannan in the stomach. Using `suppressive fire, Brannan systematically, methodically shot Dinkheller in the arms, legs, exposed areas that would not be covered had Dinkheller been wearing a bulletproof vest, slowly executing him. Reloading his weapon Brannan continued firing with the final death shot to Dinkhellers right eye.
la recreaciòn?
OJO POLICIAS!
Alucinante no tener compañero, no guardar distancia de seguridad y no disparar a las piernas, la primera vez que corre hacia nosotros.
Aprendamos la lección, la confianza NOS MATA.
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http://www.labasuraasulugar.com/
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POLÍTICA Doblemente imputada por cinco presuntos delitos Dimite Sonia Castedo
El PP la quería fuera antes de que finalizara 2014 para empezar a preparar candidato
Podría haber elegido estas fechas para tratar de atenuar el impacto mediático
Está imputada en dos ramas judiciales del Caso Brugal por cinco presuntos delitos
Se la investiga por posible corrupción urbanística en torno al PGOU y a la llegada de Ikea
Está pendiente de que el juez le abra juicio oral por estas causas
Así ha anunciado la ex alcaldesa su dimisión a través de Facebook
DANIEL MOLTÓAlicante Actualizado: 23/12/2014 13:55 horas
Sonia Castedo ha presentado esta mañana su dimisión. Lo ha hecho sin avisar, tal y como aseguró en unas recientes declaraciones. Y además lo ha hecho "a su manera", como suele ser habitual en ella, anunciándolo en su página de Facebook. Y en una fecha muy señalada para ella: su cumpleaños.
No obstante, parece que finalmente Castedo se ha plegado a los intereses del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que, de forma extraoficial, había reconocido que la quería fuera de la alcaldía antes de que finalizara el presente año. La concejal podría haber elegido también estas fechas, previas a la Navidad, para intentar minimizar el impacto en los medios de comunicación.
Sea como fuere, con Castedo alejada del cargo y después de que ella mismo reconociera en noviembre que no concurriría de nuevo a las próximas elecciones municipales como candidata del PP, su retirada ayudará ahora a preparar el terreno para presentar al nuevo cabeza de lista.
Castedo dimite después de un largo tira y afloja con su partido, concretamente alrededor de la "línea roja" marcada por el presidente autonómico Alberto Fabra, que no contempla la presencia de imputados o personas relacionadas con casos de corrupción en las próximas listas municipales.
La hasta ahora regidora alicantina está imputada en dos piezas separadas del caso Brugal relativas a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del plan urbanístico de Rabasa, y en ambas ramas el presuntamente beneficiado es el empresario Enrique Ortiz.
Imputación en la rama del PGOU
En el primero de los casos, está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos durante la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Después de que el juez Manrique Tejada levantara el secreto de sumario en junio de 2011, el fiscal Anticorrupción propuso su imputación por estos tres delitos al considerar que, durante su etapa como concejal de Urbanismo, podría haber facilitado a Enrique Ortiz información privilegiada referente al PGOU antes de que estos vieran la luz, con el objetivo de beneficiar los intereses del constructor y que supuestamente pudo haber pactado con él la remodelación del estadio Rico Pérez. Lo habría hecho, según el fiscal, a cambio de dádivas y prebendas como prendas de vestir, un coche modelo "Mini", viajes y colocación de personas afines a ella en la empresa de Ortiz. En la misma causa judicial está también imputado su predecesor en el cargo, el ex alcalde Luis Díaz Alperi, de quien heredo la alcaldía, así como Enrique Ortiz.
Debido a que en aquel momento Castedo era diputada autonómica, el juez Manrique Tejada se inhibió y Castedo fue llamada como testigo en calidad de imputada a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pese a que antes de su imputación dijo que podría desmontar las acusaciones "en diez minutos", su comparecencia -en marzo de 2013- se prolongó durante varias horas. Entonces Sonia Castedo negó reiteradamente que filtrara ningún tipo de documentación a Ortiz, aunque no aportó ninguna prueba exculpatoria. Tras esta declaración, la política está pendiente de que el Alto Tribunal valenciano considere si se descarta su implicación en estos hechos o si por el contrario se le abre juicio oral para procesarla.
La 'fiesta de pijamas' y las escuchas
Fotografía publicada en exclusiva por EL MUNDO sobre la fiesta de pijamas en Andorra E.M.
Otro elemento clave en la investigación en torno a Castedo, Ortiz y Alperi han sido las escuchas policiales que forman parte del sumario y que se han ido haciendo públicas tras haber sido facilitadas a las partes. En estas escuchas se aprecia algo de lo que la ya ex alcaldesa ha renegado constantemente: una amistad íntima con Enrique Ortiz que, según la oposición, la invalida para aprobar cualquier decisión municipal que afecte a los intereses del empresario. Estos son muchos, porque Ortiz controla, bien directamente o a través de empresas participadas, la mayoría de contratas millonarias en la ciudad. Por ello, la oposición ha pedido reiteradamente la recusación de Castedo y su dimisión, que finalmente han conseguido.
De forma paralela, el diario EL MUNDO publicó en exclusiva varias fotografías del viaje a Andorra que, según la Policía, el empresario Enrique Ortiz regaló a la ex regidora popular, que viajó acompañada por familiares y por algunos ediles de su equipo de Gobierno. Son las famosas fotos de la 'fiesta de pijamas' o de las copas que ambos compartieron, unas imágenes que no sentaron nada bien entre los dirigentes del PP y que, según los miembros de la oposición, han contribuido a construir una imagen de Alicante como territorio de corruptos. Una imagen que los mismos empresarios relacionaron con la falta de inversiones.
La segunda imputación: el caso Rabasa
El segundo golpe judicial a Castedo llegó con la imputación en otra de las causas de Brugal, la relativa al plan Rabasa y a la instalación de Ikea en Alicante, de nuevo con el empresario Enrique Ortiz como beneficiado. El pasado 17 de septiembre, el juez Juan Carlos Cerón imputó a ambos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. A pesar de que las defensas de varios imputados (Ortiz y los técnicos municipales Enrique Sanus e Isabel Campos) intentaron tumbar las imputaciones y que se declararan nulas las escuchas policiales, finalmente Cerón desestimado el incidente de nulidad y ya ha puesto fecha para los interrogatorios previstos para esclarecer si la ex regidora intentó beneficiar a Ortiz con el emplazamiento de la tienda sueca en terrenos de su propiedad, tal y como denunció en su día Esquerra Unida. La edil pasará por el juzgado a declarar como imputada el próximo viernes 16 de enero, mientras que Enrique Ortiz comparecerá ante el juez dos semanas más tarde, el 30 enero. Antes, también declararán el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus Tormo, y la funcionaria Isabel Campos García, supuesta encargada de cumplir con los encargos que el constructor necesitaba.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/12/23/549056a0e2704e69308b4571.html
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