¿Quieres montar una empresa ?

.-.-.-.-.-.-.-.

CONDUCTORES EN LOS ZAPATOS DE LOS CICLISTAS

En este curso de Transporte de Pasajeros, ponen a los conductores a sentir lo que sienten los ciclistas cuando los buses de transporte público pasan a su lado. ¿Deberían incluir este ejercicio en el curso que le hacen a los transportadores en tu ciudad, que opinas? #respetoalciclista #bicicletaselectricas #bicicletas #conductoresenbici www.velocitycolombia.com

Posted by Vélocity Colombia on Sábado, 12 de marzo de 2016

.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

La gran estafa legislativa que impide a la gente ganarse la vida
Bodegas en mitad del campo que han de cumplir el “reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno”, permisos que se han de solicitar en ventanillas que no existen, obras de insonorización por importe de miles de euros para diminutas escuelas de yoga, instrucciones para declarar impuestos que parecen jeroglíficos...


Ramón Iglesias, ingeniero y promotor español, necesitó tres años de gestiones, 10.000 euros en licencias, centenares de papeles y complejos trámites con más de 30 funcionarios de 11 departamentos pertenecientes a cuatro Administraciones diferentes, antes de poder abrir su bodega ecológica. Tuvo que pagar 1.300 euros por un estudio de impacto acústico a pesar de que sus instalaciones eran silenciosas y se encontraban muy alejadas del lugar habitado más cercano. Le exigieron una certificación de “innecesariedad” de realizar actividad arqueológica y, también, un informe sobre iluminación por si incumplía el “reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno”. En resumen, Ramón sufrió innumerables zancadillas administrativas a pesar de que iba a generar puestos de trabajo en una de las zonas más deprimidas de España.

El caso de Ramón es el del típico emprendedor solvente a punto de naufragar en el mar de los Sargazos de esas trabas burocráticas a la actividad económica creadora de empleo, que más parecen provenir de la calentura de mentes desquiciadas que de una labor legislativa y reguladora responsable. Hay casos aún más inauditos, como el de un empresario mexicano que, tras un año de trámites y gestiones en España, tuvo que tirar la toalla al descubrir que uno de los permisos exigidos sólo se expedía en una ventanilla que ni siquiera existía. O, a una escala más modesta, la pequeña escuela de yoga, con aforo para apenas 14 personas, a la que se exigió acometer obras de insonorización por importe de 14.000 euros (más IVA) pues, como es bien sabido, el yoga es una actividad extremadamente ruidosa.

Acosados por las trabas administrativas, perseguidos por Hacienda, la Seguridad Social y los bancos, muchos regresan arruinados a la cola del paro o la economía sumergida
Exorcizando el espíritu emprendedor

Ramón no desistió en su empeño. Afortunadamente contaba con financiación suficiente y un proyecto bien planificado. A trancas y barrancas, descapitalizándose, llegó braceando a la orilla. Otros, con proyectos más modestos, como muchos autónomos, terminan desistiendo. Tras años de esfuerzos, angustias y estrecheces, acosados por las trabas administrativas, perseguidos por Hacienda, la Seguridad Social y los bancos, regresan completamente arruinados al lugar del que provenían: la cola del paro o la economía sumergida. En adelante, la mayoría de ellos preferirán malvivir de un triste subsidio que volver a pasar por ese infierno: comerán mal, pero al menos dormirán tranquilos. ¡Que el espíritu emprendedor se encarne en otro cuerpo!

En España, a cada intento de realizar una actividad económica corresponde una interminable lista de disparates administrativos. El delirio ha alcanzado tales cotas que, a la sombra de las prolijas normativas municipales, han florecido empresas concertadas que, por un buen dinero, “ayudan” al atribulado emprendedor a desenmarañar la madeja normativa, a conocer cómo y cuándo -y a qué coste administrativo- podrá abrir su peluquería, panadería, taller, tienda, despacho o garito. Nada mejor que el desglose de las tarifas de estos conseguidores para hacerse idea del absurdo. Algún malpensado podría llegar a la conclusión de que se ha legalizado aquello que antaño llamaban “mordida”. Para el legislador no hay peces pequeños, incluso la actividad lucrativa realizada en la propia vivienda está sujeta a inescrutables normativas. Y qué decir del “práctico” manual de Hacienda para cumplimentar la declaración de IVA: 12 páginas de retorcida jerigonza leguleya que deprimirían al más entusiasta aficionado a la hermenéutica o a la resolución de jeroglíficos.

¿A qué se debe tanto despropósito?, ¿acaso los legisladores se la tienen jurada a los emprendedores, autónomos y diminutos empresarios?, ¿nos encontramos a merced de sádicos que disfrutan mortificando a quien sólo aspira a ganarse la vida dignamente?, ¿o es simple y pura incompetencia? De ningún modo. Los políticos y los burócratas no son psicópatas ni estúpidos: su comportamiento es coherente con sus propios objetivos.




Regulación del Mercado. Índice escala de 0 a 6 de menos a más restrictivo. España (en color rojo) siempre a la cabeza en barreras, trabas, licencias y permisos.

Fuente: OCDE 2013.

Los oscuros propósitos de la hiperregulación

En los años 80 del pasado siglo, un economista peruano, Hernando de Soto, analizó un curioso fenómeno. En las grandes ciudades del Perú, como en las de otros países, existían grandes masas de población que subsistían llevando a cabo labores artesanales, industriales o de servicios, pero siempre sumergidas, aun cuando sus actividades eran lícitas. ¿Por qué nadie se regularizaba? De Soto sospechó rápidamente que el exceso de regulación, la multiplicidad de permisos y la dificultad para obtenerlos podían ser la causa. Comprobó que para abrir un mero taller textil hacían falta permisos de 11 organismos distintos, que requerían 289 días completos de trámites burocráticos, con un coste final de 1.231 dólares de la época (32 veces el salario mínimo en Perú). Y en algunos casos era imposible conseguir la licencia sin recurrir a sobornos. Este estudio dio origen al ya clásico libro El otro sendero.

Las complejísimas regulaciones no aparecen de manera inocente. Son establecidas deliberadamente
Tal despropósito condenaba a muchas personas a vivir en la precariedad. Podían ganarse el sustento pero siempre bajo la espada de Damocles de la suspensión y el cierre y, no menos importante, imposibilitados para hacer crecer su negocio y prosperar, porque el acceso al crédito estaba vedado a las empresas irregulares. Lo sorprendente era que, aun siendo las consecuencias tan graves, pocos gobiernos estaban dispuestos a acometer una simplificación legislativa. El motivo era simple: en muchos países, entre ellos el nuestro, los dirigentes políticos no persiguen el bien común; están al servicio de sus propios intereses. No se dedican a la política para servir a la sociedad sino para servirse de ella. Las complejísimas regulaciones no aparecen de manera inocente. Son establecidas deliberadamente por gobernantes sin escrúpulos como subterfugio para otorgar favores a sus aliados y asegurarse nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Esas barreras son los meandros administrativos donde se embalsa la corrupción.

La hiperregulación restringe la libre entrada a la actividad económica para que unos pocos privilegiados puedan operar sin apenas competencia, obteniendo enormes beneficios de mercados cautivos que comparten con los políticos a través de comisiones, regalos, puestos en el consejo de administración. Las normas o requisitos deben ser enrevesados y ambiguos para permitir cierto grado de discrecionalidad a la hora de conceder permisos y licencias. El fenómeno es tan antiguo que ya fue señalado por el historiador romano Cornelio Tácito: "Corruptissima re-publica, plurimae leges" (cuanto más corrupto es un país más leyes tiene).

Desgraciadamente, esta estrategia está muy extendida por todas las administraciones españolas. Mientras la oligarquía política y económica se enriquece, la gente corriente experimenta enormes dificultades para encontrar trabajo o desarrollar una actividad económica. Muchos conciudadanos quedan atrapados en el círculo de la pobreza; condenados a vivir del subsidio o trampear en la economía sumergida. Cada vez que los costes de entrada en el mercado se incrementan un 10%, la densidad de empresas desciende un 1%, con efectos devastadores para la competencia, la productividad, la innovación y, sobre todo, el empleo. Las consecuencias son todavía más graves en el caso español por la cantidad y disparidad de disposiciones: más de cien mil leyes, normas y regulaciones que ocupan… ¡1.250.000 páginas en el BOE y otras 800.000 en los boletines de las Comunidades Autónomas!*

La hiperregulación maliciosa es, con mucho, el principal problema, la máquina infernal del desempleo, la pobreza y la frustración
Ni la formación ni la tecnología ni la globalización

Ciertos gurús insisten en la falta de formación, el atraso tecnológico y la presión de la globalización como principales causas del elevadísimo paro estructural que padecemos. Se equivocan. La hiperregulación maliciosa es, con mucho, el principal problema, la máquina infernal del desempleo, la pobreza y la frustración. ¿De qué nos servirá poseer la mejor formación si el legislador, sea nacional, autonómico o local, determina caprichosamente quién puede ejercer una actividad y quién no? ¿Cómo aprovecharemos la más portentosa tecnología, si los gobernantes pueden favorecer a sus amigos y partidarios, negando el pan y la sal al ciudadano innovador que quiere ganarse la vida honradamente? ¿Para qué valdrá la mayor capacidad de adaptación si los políticos generan infinidad de complejas y contradictorias normas con el fin de ejercer la discriminación, enriquecerse, y pasarse la igualdad ante la ley por el forro de sus sillones?

Resulta fascinante que muchos dirigentes políticos, alguno con sus posaderas recientemente asentadas en el Congreso, distraigan al común con la lacra del fraude fiscal y apelen a su civilidad para ordeñarle como si fuera una vaca, cuando el verdadero fraude, el más oneroso, el más colosal es el fraude legislativo: ese del que todos ellos son cómplices necesarios.




http://vozpopuli.com/analisis/77591-la-gran-estafa-legislativa-que-impide-a-la-gente-ganarse-la-vida#.Vu22dciKimo.facebook

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

»
EMPRESAS
La bodega y el gallinero
Un promotor sevillano invierte tres años y 10.000 euros en papeleo de cuatro administraciones para poder abrir una empresa en Vejer

Según los Gobiernos, en 24 horas se puede constituir una empresa en España; según los empresarios, se tarda 47 días de media. Pero el problema es comenzar la actividad. De acuerdo con el último informe del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (Doing business) sobre 183 países, España ocupa el puesto 136º en facilidades para empezar o abrir un negocio. La experiencia del ingeniero y promotor Ramón Iglesias avala esa mala clasificación: montar una bodega y almazara ecológica en Vejer de la Frontera (Cádiz) le ha costado más de tres años de gestiones, medio millón de inversión, 10.000 euros en licencias, centenares de papeles y trámites con más de 30 funcionarios de 11 departamentos de cuatro Administraciones: el Ayuntamiento de Vejer, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Gobierno.

Antes de llegar a vender su primera botella, Iglesias ha tenido que pagar 1.300 euros por un estudio de impacto acústico, a pesar de que las instalaciones no generan ruido significativo y están a 2,5 kilómetros del lugar habitado más cercano; ha abonado 481,31 euros por una autorización que no se precisaba y le han llegado a solicitar certificaciones de “innecesariedad”. Hasta un gallinero de nueve animales ha corrido peligro. “Hay que distinguir entre constituir una empresa e iniciar la actividad. Lo primero es verdad que se puede llegar a hacer en un día. El problema es comenzar el negocio, para lo que se necesitan trámites locales, autonómicos y nacionales. Se puede llegar a tardar hasta tres años”, admite Alfonso Díaz Abajo, director de creación de empresas y autónomos de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

“Que no abran más ventanillas únicas porque terminan convirtiéndose en una más”, se lamenta Iglesias, que además es presidente de la sociedad Sodinur. Este emprendedor de 63 años y con proyectos internacionales clama contra las dificultades para los emprendedores. Y eso que él ha tenido capacidad económica y profesional suficiente. “Para un parado hubiera sido imposible montar la bodega”, afirma.

La pesadilla administrativa comenzó cuando Iglesias heredó la finca Sancha Pérez, 17 hectáreas de secano entre Conil y Vejer, y decidió crear la bodega y almazara ecológicas. En 2008 plantó 1.800 olivos y 10.000 cepas y obtuvo la licencia para una nave de uso agrícola con la intención de adecuarla posteriormente a la producción.

La puerta del laberinto se abrió el 6 de agosto de 2008, cuando presentó el proyecto de actuación previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que incluye, en su artículo 42, que el proyecto contendrá “al menos” una docena de requisitos y “cualesquiera otras determinaciones” que permitan una adecuada valoración. “Es una puerta abierta a que cualquiera pueda pedir lo que se le ocurra”, advierte.

Este plan fue aprobado dos años después de constantes gestiones en el Ayuntamiento de Vejer y el servicio de asistencia a municipios de la Diputación de Cádiz. Mientras, tramitó la instalación de la línea eléctrica y se encontró desde reticencias vecinales —15 reuniones llegó a mantener con un propietario colindante— hasta una autorización que costó 481 euros y que, según le comunicó la propia Consejería de Economía una vez concedida, no era necesaria. Quedaban más escollos. Uno es un certificado de “innecesariedad de la realización de una actividad arqueológica” que no se pidió cuando sí hubo movimiento de tierras durante la construcción de la nave, pero que se exigió después, cuando se detalló en el proyecto claramente que no se iba a alterar el terreno en modo alguno.

Otro requisito requerido por Medio Ambiente e incluido como el resto en el expediente de tramitación, es un informe de impacto acústico de una empresa homologada que le costó a Iglesias 1.300 euros y que, como era previsible por la actividad y la distancia a la zona habitada más cercana, situada a 2,5 kilómetros, arrojó resultados positivos para el promotor.

Tampoco se fio la Administración de los focos que pretende instalar y reclamó un informe más en virtud del Decreto 357/2010 que aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno. De nuevo, más tiempo y más dinero en estudiar la normativa para unas luminarias de bajo consumo previstas en el exterior de la bodega.

Finalmente, Iglesias, pese a estar metido de lleno en la maraña normativa, pretendió llevar hasta el final su conciencia ecológica y advirtió que usaría los residuos vegetales y los excrementos de siete gallinas y un gallo para hacer compostaje. Su osadía le costó una respuesta inmediata de la Junta de Andalucía advirtiéndole que se tenía que someter al Real Decreto 824/2005 sobre fertilizantes. Antes de culminar el estudio de las 77 páginas de la normativa, el empresario decidió renunciar a la idea.

La licencia de apertura la consiguió a principios de este año tras obtener registros sanitarios, agroalimentarios y de establecimiento industrial en tres Consejerías y un Ministerio. En la bodega, situda en una zona con una tasa de paro del 34,51%, según la ultima EPA, ya hay dos trabajadores fijos y decenas de eventuales.

Un portavoz de Economía insistió en que “se pueden crear empresas en cuatro días” y dijo no tener constancia oficial del caso Sancha Pérez. Ramón Iglesias cree que pone en evidencia varios problemas que atenazan, según advierte, la capacidad emprendedora: la financiación, que ha sido privada en todo momento; la excesiva carga burocrática y la escasa cultura empresarial. En este último campo incluye a los legisladores, a los que acusa de “desconocer las consecuencias de sus actos”; a los allegados, que le desaniman en todo momento, y a la propia Administración, que, con el exceso de regulación, la complejidad normativa y la “falta de sentido común”, abona el terreno, según Ramón Iglesias, a la corrupción y a la economía sumergida.

“Hay un marasmo legislativo que desincentiva. Un empresario tiene que demostrar su inocencia antes de empezar”, lamenta Díaz Abajo, quien reclama la reforma anunciada por Rajoy como urgente para facilitar la creación de negocios.


http://economia.elpais.com/economia/2012/10/19/actualidad/1350671563_903416.html