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viernes, noviembre 03, 2017
Puigdemont a prisiòn
LA CRISIS CATALANA
La juez emite la orden internacional de busca, captura y prisión de Puigdemont
El expresident y los cuatro exconsellers desplazados en Bélgica son acusados de cinco delitos: rebeldía, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la orden de detención, nacional e internacional, contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro consellers destituidos que no acudieron el jueves a la citación judicial por los presuntos delitos de rebelión, sedición,malversación, prevaricación y desobediencia por la declaración de independencia de Catalunya fuera de las vías legales.
La juez Carmen Lamela ha tramitado diez autos -dos para cada exmiembro del Govern- y emite una orden nacional e internacional de búsqueda, captura y prisión para Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
La orden tiene carácter nacional e internacional para garantizar que puedan ser detenidos en cualquier país
La orden se tramita a través de la Fiscalía General de Bélgica y tiene carácter nacional e internacional para garantizar que puedan ser detenidos en cualquier país.
Fuentes jurídicas sostienen que la magistrada ha emitido las órdenes europeas de detención contra los cinco ex altos cargos de la Generalitat, dado que es público y notorio que se encuentran a día de hoy en Bélgica. La juez tenía previsto proceder a dictar el auto de detención cuando tuvo que resolver otras tareas al encontrarse de guardia esta semana. Finalmente optó por retrasar su decisión hasta este viernes, según sostienen estas fuentes.
En el auto de prisión de los nueve ex miembros de la Generalitat, entre ellos Oriol Junqueras, Lamela recoge entre los motivos para sopesar el riesgo de fuga que ya hay otros investigados -en referencia a Puigdemont- que ya se han ido fuera de España incumpliendo la orden de acudir a declarar este jueves a la Audiencia Nacional.
Además, del riesgo de fuga ha barajado el riesgo de reiteración delictiva, dado que llevan dos años preparando su plan para independizarse, así como el riesgo de destrucción de pruebas.
Reiterados intentos de localizarles
La Fiscalía ya le pidió durante la mañana del jueves que emitiera esas órdenes de detención. “Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados. Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso. Por su parte, Carles Puigdemont ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado como también lo ha hecho Antoni Comín y Maritxell Serret efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno su paradero actual. Por lo tanto se solicita del Juzgado que ordene su busca y captura y detención en ámbito nacional e internacional”, recoge el escrito del fiscal Miguel Ángel Carballo.
La Fiscalía se querelló contra todo el Govern, cesado por el Ejecutivo central el pasado viernes, por delitos que considera como gravísimos. La juez asumió la gravedad de los hechos de los que se les investiga y por eso fijó para todos los consellers una fianza de 6,2 millones de euros, que deben pagar en el plazo de tres días si no quieren que se les embargue los bienes.
Justicia belga
Dado que Puigdemont como otros cuatro consellers se encuentran fuera de España, la juez emitirá una orden europea de detención. Será entonces responsabilidad de las autoridades belgas quienes deban detenerles y ponerles a disposición de un juez belga.
Será allí donde se dirima si los cinco ex miembros del Govern deben ingresar en prisión hasta que se resuelva la orden de entrega o si quedan en libertad hasta la resolución, que como máximo podrá tardar dos meses.
El abogado de los consellers que se encuentran en Bélgica acudió esta mañana a la Audiencia Nacional y solicitó poder estar presente en el interrogatorio de los demás querellados, petición que ha sido rechazada por la magistrada.
Carles Puigdemont,el exconsejero de Salud Antoni Comin, el de Cultura Lluís Puig, de Agricultura Meritxell Serret, y de Enseñanza, Clara Ponsatí.EFE
La juez Carmen Lamela ha ordenado la busca y captura nacional e internacional y ha emitido una euroorden de detención de Carles Puigdemont y los cuatros exconsellers que han optado por quedarse en Bélgica y desoír la citación judicial para declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos. Junto al expresident de la Generalitat están en Bélgica los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura). Los cinco están imputados por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
La juez Carmen Lamela afirma que Puigdemont aprovechó su cargo al frente del Govern para "llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de Cataluña" junto a otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas. “Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurreción y desafiando el ordenamiento constitucional”.
La juez ha redactado diez autos, dos por cada investigado. En uno tramita la orden de detención ante la fiscalía federal de Bélgica, que ya se ha enviado y se inserta en Sirene, el programa de la policía. Por otro lado se envía orden nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, por si se le ocurre salir de Bélgica.
La magistrada describe cómo, a pesar de la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015, el ahora expresident “continuó impulsando las medidas necesaria para crear un futuro Estado catalán independiente valiéndose del poder que otorgaba tener mayoría absoluta de diputados, no de votos”. Toda una batería de argumentos que vuelve a poner el punto de mira en el documento EnfoCATS, que “establecía una hojar de ruta para alcanzar la independencia” y donde se recogía “el papel que debería jugar cada uno de los actores”.
Según insiste el auto, Puigdemont era “conocedor de la radical falta de competencia de la comunidad autónoma de Cataluña para convocar un referendum”. “Pese a lo que insistió públicamente en mantener la convocatoria del referéndum como primer paso del llamado 'proceso de desconexión' del Estado español”, apostilla Carmen Lamela, que recalca que los pronunciamientos del Constitucional le fueron notificados “personalmente” y “reiterados de forma clara y sin fisuras”.
Prisión sin fianza
En uno de los autos, la juez ordena la “busca y captura” nacional e internacional de Puigdemont, así como su ingreso en prisión sin fianza. La magistrada motiva la decisión por el hecho de que el expresidente se encuentra “en paradero desconocido, al no haber sido localizado en su domicilio”. La juez deniega la petición de Puigdemont y de los otro cuatro consejeros instalados en Bélgica de declarar por videoconferencia. “Ninguno de ellos explica los motivos que le asisten”. Ese derecho, recuerda, está previsto para residentes en el extranjero, no para quien “se fuga y se refugia en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales”.
La juez destaca los hechos presuntamente delictivos de Puigdemont y le atribuye el liderazgo del proceso para organizar el referéndum y proclamar la independencia. Al frente del “gobierno regional de Cataluña”, Puigdemont, las instituciones y las entidades soberanistas “unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión” de Cataluña. Todos ellos “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población”. Como presidente y “más alta representación de la comunidad autónoma”, incumplió las resoluciones del Tribunal Constitucional y “lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal”. El expresidente, agrega Carmen Lamela, “promovió actos, manifestaciones y proclamas”.
Frente a ese papel predominante de Puigdemont, la magistrada destaca en sus escritos que los consellers en busca y captura "contribuyeron" supuestamente a cometer toda esta batería de delitos.
Los cinco exmiembros del Govern estaban citados a declarar este jueves y viernes ante la Audiencia Nacional pero desde Bruselas el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, adelantó que no acudirían ante la Justicia. Sí lo hicieron Junqueras y otros ocho exconsellers y terminaron su jornada en la cárcel de Estremera (los varones) y Alcalá Meco (las mujeres), y solo uno de ellos, Santi Vila, con la posibilidad de volver a casa si paga una fianza de 50.000 euros.
La juez ha aceptado la petición del ministerio público, que señalaba en su escrito que es un “hecho notorio y públicamente conocido” la citación de los cinco políticos y que el juzgado ha realizado “reiterados intentos” de entregar la citación en sus domicilios, así como “reiteradas llamadas telefónicas” a las que “se ha hecho caso omiso”.
De Puigdemont, el fiscal señalaba que "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".
La fiscalía belga aseguró este jueves que en cuanto reciba la euroorden de detención y entrega aplicará la ley. El ministerio federal sería el receptor de esa orden y encargado de ejecutarla, según las fuentes consultadas. La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera una colaboración total en el pleno judicial y policial.
El proceso, según Bekaert, "llevará un tiempo". La orden de detención "tiene que ser traducida y luego tramitada por la Policía federal, en el parquet federal(Fiscalía) en nuestro país [por Bélgica]. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción", indicó el abogado.
Nunca comprenderé a esos espontáneos que van a los juzgados a increpar a los acusados que ya tienen medio pie en prisión. Cruzar las puertas de la cárcel es un drama personal de primer orden: no hace ninguna falta añadir escarnio. Siento compasión ante los presos cuando no tiene las manos manchadas de sangre. Lamento en particular que se encierre a quienes todavía no han sido juzgados por si acaso se fugan o delinquen más. No hay nada que celebrar en que ocho miembros del Govern catalán destituido estén durmiendo entre rejas.
Pero...
Estos dirigentes presos forzaron este mal capítulo del problema catalán. Hicieron todo lo que estaba en su mano para acabar así. Marcharon a la carrera hacia el precipicio. No quedaba alternativa para la juez después de que otros cinco del Govern saliente huyeran a Bruselas y el expresidente se exhibiera desafiante diciendo que no volverá hasta tener garantías. Garantías de impunidad que ningún Estado de derecho puede dar. El capitán del barco fue el primero en abandonarlo y dejar a los suyos en el hundimiento. Y no es que unos huyeran por cobardía y otros, más dignos, decidieran afrontar su destino judicial. No era eso: se habían coordinado. Se repartieron los papeles. Unos mártires y otros exiliados, dos fotos poderosas, dirigidas tanto a internacionalizar el conflicto como a agitar al personal fiel en su tierra.
Es opinable si la actuación de las autoridades depuestas puede calificarse como rebelión o como sedición, cuanto menos prevaricación, malversación y desobediencia, que tampoco son una broma. La redacción del delito de rebelión parece escrita pensando más en ataques de grupos armados que desde las instituciones, igual que el delito de traición solo es aplicable en tiempo de guerra. Hay contradicciones entre el criterio del Supremo, aparentemente más garantista, y el de la Audiencia Nacional. Caben las dudas jurídicas. Las aclarará el tribunal que sentencie el caso, y los que resuelvan las apelaciones.
Pero...
Los querellados sabían muy bien lo que estaban haciendo. Tenían asesores, abogados, a los letrados del Parlament, el consejo consultivo. Asumieron el grado máximo de riesgo. Fueron advertidos expresamente por el Tribunal Constitucional, y tampoco lo escucharon. Despreciaron todas las objeciones, o ni siquiera dejaron pronunciarlas a los órganos competentes, sobre las dos leyes de ruptura (referéndum y transitoriedad), que derogaban la Constitución y el Estatuto. Actuaron igual con la declaración unilateral de independencia. Si esto no era un golpe de Estado, desde luego era un golpe al Estado que querían romper. Y al Estado de derecho.
¿Sociedad civil? ANC y Òmnium no pueden presentarse como ONG cuando formaban parte de la G. Del Govern
Es discutible que fuera necesario encarcelar en primer lugar a los Jordis (Sànchez y Cuixart) por esa protesta que acorraló a la policía judicial que hacía su trabajo, o si bastaba con dictar cautelares para que no escaparan a la justicia.
Pero...
La ANC y Òmnium no eran meras plataformas de activistas, ni pertenecen a la sociedad civil, por mucha gente que les siga. No puede ser una ONG quien forma parte de la G. Ambas organizaciones, durante mucho tiempo regadas de subvenciones, se sentaban en la mesa del Govern, con otro invitado llamado Artur Mas, para coordinar al detalle toda la estrategia. Eran parte esencial, imprescindible, de un plan, una hoja de ruta como se dice ahora, muy precisa, que encajaba como en un reloj acciones gubernamentales, parlamentarias y callejeras. Solo con su concurso era posible –y aun así difícil– llegar a la independencia de facto.
La tensión ante las elecciones autonómicas del 21D se dispara. El ambiente político se va volviendo más tóxico aún. El independentismo puede sacar partido del mazazo judicial. El discurso del Estado represor va a imponerse en muchos sectores, puede decantar a indecisos, reactivar una protesta que se había desinflado tras el fiasco de la DUI. Ya se apunta a ese relato la que se dice izquierda alternativa, siempre al auxilio del nacionalismo reaccionario.
Pero...
Aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Como Bárcenas, como Ignacio González, como Granados, como Matas, como antes Roldán, como otros nombres ilustres que pueden caer en breve. Gente que cometió delitos desde la política. La corrupción no es el único crimen perseguible en las autoridades. Ni Junqueras ni los exconsellers, ni tampoco los Jordis, están en prisión por sus ideas. Lo están por sus acciones. Por atentar abierta, consciente y continuadamente contra el orden constitucional. Y por gastar dinero de los contribuyentes en sus aventuras. Si ellos podían saltarse la ley, todas las leyes, es que no hay ley, ninguna ley.
Se complica la aplicación tranquila del artículo 155, que se estaba logrando asentar sin grandes resistencias ni alboroto. Crece el sentimiento de humillación en el nacionalismo. La mitad silenciosa (no valoraré si mayoría o minoría), esa que nunca quiso la ruptura, volverá a sentirse intimidada por el entorno, invitada a callarse la boca.
Pero...
No convenía a nadie que las cosas salieran así. A los partidos constitucionalistas menos, porque reduce sus expectativas de un vuelco electoral. Si alguien cree que el Gobierno utiliza a los jueces a su antojo, ignora este factor (y la montaña de casos contra el PP que están en marcha). Si de verdad el poder político moviera los hilos del judicial, seguramente habría evitado este lío antes del 21D. La separación de poderes funciona.
Veo con vergüenza las imágenes de los que perseguían con banderas españolas, en la estación del AVE o en las puertas de los juzgados, a los exmiembros del Govern desplazados a Madrid con muchas papeletas para no volver a casa. La reaparición de elementos ultras tratando de ocupar la escena pública es muy penosa para un país que los había dejado en un margen, casi en el olvido, hasta anteayer.
Pero...
Esa siniestra escena es una consecuencia más de la irresponsabilidad de quienes atizaron el fuego de las identidades y esparcieron las brasas, logrando sacar lo peor de cada casa. Quien prendió esa llama no ha sido ese Estado que se pinta centralista y represor. Han sido otros los que han tratado de dinamitar toda legalidad para ser los amos absolutos de su corralito. El Estado de derecho actúa. Se defiende si se le agrede. Es decir, nos defiende. Sabemos quiénes nos han abocado a este desastre.
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