5.3.21.- El asesinato de nueve españoles en Ruanda llega a la Audiencia Nacional.
DENUNCIA. Una red de organizaciones internacionales lideradas por el Foro por la Justicia en Ruanda, del que forman parte el argentino Adolfo Pérez de Esquivel y los españoles Juan Carrero y José María Mendiluce, van a denunciar al gobierno de Ruanda ante la Audiencia Nacional por la muerte de nueve españoles en el genocidio perpetrado en la región africana de los Grandes Lagos.
Asesinados. Luis Valtueña , Flors Cirera y Manuel Madrazo, cooperantes de la ONG Médicos del Mundo, fueron asesinados en Ruanda en 1997.
E1 Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez de Esquivel, el eurodiputado José María Mendiluce y el presidente de la Fundación S’Olivar, Juan Carrero, lideran en España un conjunto de iniciativas encaminadas a denunciar al actual gobierno de Ruanda por el genocidio de más de cinco millones de personas en la región africana de los Grandes Lagos. La más ambiciosa de estas acciones será la presentación de diversas querellas criminales por genocidio y otros crímenes contra la humanidad contra la actual cúpula del Frente Patriótico Ruandés (FPR) ante diferentes instancias nacionales e internacionales, como la Audiencia Nacional. El FPR es la organización político-militar que gobierna en el país africano desde mediados de 1994 y a la que se considera principal responsable del genocidio de más de cinco millones de ruandeses y congoleños en los últimos ocho años en la región de los Grandes Lagos. Serán unas acciones penales apoyadas en varios países por más de sesenta ONG. De prosperar la iniciativa, se podría repetir lo que ocurrió en el caso Pinochet y conseguir una orden internacional de detención de los dirigentes del FPR, algo que llevaría implícita una presión internacional contra el gobierno de Ruanda.
INFORME DE LA ONU
El comando del FPR que atentó contra los presidentes de Ruanda y Burundi asesinó a tres españoles miembros de Médicos del Mundo.
Los promotores de esta iniciativa aspiran a que el proceso contra esta dictadura de Ruanda (que, junto a Uganda y Burundi, ha invadido el ex Zaire, hoy República Democrática del Congo, y ha desestabilizado todo el África de los Grandes Lagos) llegue hasta el Tribunal Penal Internacional (TPI), que inició su andadura el pasado 1 de julio. El TPI no tendrá carácter retroactivo, por lo que no podrá intervenir en relación a las masacres llevadas a cabo en la citada región africana con anterioridad al 1 de julio de 2002, pero sí podrá hacerlo sobre los asesinatos que se produzcan a partir de esa fecha e intentar así detener el genocidio. El único temor es el más que probable boicot de Estados Unidos, que no ha apoyado al TPI y es el gran aliado y protector de la dictadura ruandesa.
La mallorquina Fundación S’Olivar, que preside el jienense de nacimiento y candidato al Premio Nobel de la Paz en las tres últimas ediciones, Juan Carrero Saralegui, tiene el firme convencimiento, desde hace varios años, de que "una demanda judicial será la vía no violenta más efectiva para neutralizar la poderosa maquinaria propagandística que ha presentado a estos criminales como los nuevos líderes africanos emergentes". Son los métodos de la no violencia que defiende este español, seguidor de Ghandi y que disputa a su compatriota y paisano, el juez Baltasar Garzón, el Premio Nobel de la Paz.
Protesta. Juan Carrero en su décimo día de ayuno, en enero de 1997, junto a la comisaria Emma Bonino (centro) y el Nobel de la Paz Pérez de Esquivel
Francia, pionera
Hasta el momento, el único país donde se ha abierto un proceso judicial contra los presuntos responsables de los asesinatos de extranjeros en Ruanda es Francia. El juez antiterrorista Brugeiere investiga el magnicidio perpetrado en 1994 contra el Falcon en el que volaban los presidentes hutus de Ruanda y Burundi, a instancia de una de las viudas de otros tres militares que murieron en la misma acción terrorista. Las importantes pruebas que obran ya en poder del magistrado galo confirman plenamente los hechos que la Fundación S'Olivar y otras ONG afines (como SOS Ruanda-Burundi en Bélgica, Inshuti de Cataluña o Drets Humans en Mallorca) vienen denunciando desde hace seis años. Entre estas pruebas está el informe Hourigan de la ONU, en el que se testifica que el mismo comando del FPR que ejecutó este atentado a las órdenes de Paul Kagame, actual presidente de Ruanda, es también el que asesinó a los tres españoles miembros de Médicos del Mundo. Durante varios años dicho informe ha permanecido embargado para no perjudicar los importantes intereses estadounidenses y para continuar manteniendo ocultas sus graves responsabilidades, según creen diversos expertos. En estas últimas semanas algunos medios de comunicación, como Le Communicateur, afirman incluso haber recibido confidencias en el sentido de que los días de Kagame estarían contados ya que se ha convertido para sus antiguos padrinos en un aliado demasiado comprometedor.
El convenio de Naciones Unidas sobre genocidio no obliga a que haya víctimas españolas para que nuestro país inicie una acción penal de este tipo, pero en este caso sí las hay. Se trata del padre blanco Joaquín Vallamajó, de Figueres; los hermanos maristas Miguel Ángel Isla Blanco, Julio Rodríguez, Servando Mayor García y Fernando de la Fuente; los cooperantes de Médicos del Mundo Flors Cirera Fortuny, Luis Valtueña Gallego y Manuel Madrazo y Osuna, y el sacerdote diocesano vasco Isidro Uzcundun Pouso y Carmen Olza.
Las tres últimas víctimas del conflicto que asola a la región de los Grandes Lagos -Flors, Manolo y Luis- fueron asesinados en Ruanda el 20 de enero de 1997. Ese día, Juan Carrero y otros miembros de la Fundación S’Olivar estaban en el séptimo día de un ayuno, que se prolongaría hasta 42, frente al edificio del Consejo de Ministros de la UE en Bruselas para denunciar el genocidio en los Grandes Lagos. Carrero recuerda que desde hacía tres meses los ejércitos de Ruanda y Burundi, con la excusa de asegurar sus fronteras, masacraron sistemáticamente en el Este del Zaire a centenares de miles de refugiados hutus indefensos y avanzaban hacia la conquista de riquísimas zonas mineras del interior de ese enorme país. "Aquel día la comisaria Bonino se acercó a nosotros para informarnos y darnos ánimo. El dolor de los familiares de las tres víctimas, de sus compañeros de Médicos del Mundo y de toda España era nuestro propio dolor. Aquel día estuvo marcado no sólo por el dolor sino también por el estupor que nos provocó la ligereza con que los medios de comunicación adjudicaban este triple crimen a miembros de la etnia hutu. El escoramiento a favor de los actuales vencedores (el FPR está compuesto fundamentalmente por tutsis extremistas), la distorsión de la realidad, los silencios y maniobras de distracción eran y son hechos sintomáticos y habituales en este conflicto", denuncia Carrero.
Juan Carrero podría aprovechar las puertas que pueda abrirle la concesión del Premio Nobel para que la comunidad internacional oiga y vea que existe una gran guerra en activo en África, pese a que no parece interesar a nadie. Además, si Carrero pudiera hacerse con el codiciado galardón de la academia sueca, dotado con nueve millones de euros, dichas acciones judiciales recibirían un importante impulso económico.
Un conflicto de intereses comerciales
Las Naciones Unidas han denunciado que el tráfico del coltán (un extraño mineral que contiene el tántalo, un componente electrónico esencial para la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores y airbags) es una de las razones de la guerra que ya en 2000, y en una estimación muy baja, había matado a más de un millón de congoleños.
El 80 por 100 de las reservas mundiales de este mineral se encuentran en la República Democrática del Congo, dondeun ejército de mineros, entre los que hay niños y prisioneros, extraen este valioso mineral en los yacimientos del Kivu (Este del Congo), ocupado desde 1998 por los ejércitos de Ruanda y Uganda.
En 1996, el diario "Le Monde" reveló que las zonas bajo control de los "rebeldes" representaban la parte útil del Congo: el Kivu está considerado como el granero del país, disponiendo también de enormes reservas de gas natural y petróleo, mientras que el Kasai está repleto de diamantes y el subsuelo de Shaba es rico en cobre, manganeso, uranio y otros minerales. El mismo diario francés aseguraba que el nordeste del Alto Zaire contendría también oro, diamantes y petróleo, y que una concesión de más de 83.000 kilómetros cuadrados acababa de otorgarse a una compañía americana.
Siguiendo las recomendaciones de la ONU, una coalición de ONG europeas pidieron el pasado 14 de enero en Bruselas la imposición de un embargo temporal de seis meses sobre las exportaciones del coltan. Estas organizaciones basaron sus peticiones en un estudio presentado por el International Peace Information Service (IPIS) en el que se revela la implicación de empresas europeas en ese comercio y su presunta relación con un grupo de rebeldes respaldados por Ruanda.
(15.07.2002. Alejandrina Gómez. Tiempo).
http://olivar.pangea.org/castellano/050321.HTM
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LAS VERGÜENZAS DE LOS POLITICOS O LOS SINVERGUENZAS...
por Felix » Lun Mar 07, 2011 11:27 pm
El Gobierno español se desmarcó en privado ante Estados Unidos y Ruanda del proceso judicial abierto en 2008 por la Audiencia Nacional contra 40 miembros de la cúpula militar tutsi por genocidio, lesa humanidad y terrorismo, delitos presuntamente cometidos en Ruanda y en la República Democrática de Congo entre 1990 y 2002 y que incluían a nueve víctimas españolas, entre las que se encontraba nuestro querido amigo LUIS VALTUEÑA. El Ejecutivo aseguró que "no apoyaba" la causa, que ésta no tenía nada que ver con su política exterior y que algunas medidas adoptadas por el juez le parecían "inútiles".
Así se desprende de varios de los cables filtrados recientemente por Wikileaks a través del diario noruego Aftenposten.
Entre los nueve asesinados españoles había seis religiosos: Joaquim Vallmajo, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente e Isidro Uzcudun; los otros tres, Mª Flors Sirera, Manuel Madarazo y Luis Valtueña, eran miembros de la organización Médicos del Mundo. Todos ellos murieron entre 1994 y 2000, justo después de que tuviera lugar el brutal genocidio cometido por los hutus y de que los tutsis se hicieran con el poder en Ruanda. El Ejército Patriótico Ruandés / Frente Patriótico Ruandés (APR/FPR), de los tutsis, los habría matado, presuntamente, por haber sido testigos o denunciantes de sus crímenes.
Pero no sólo el Gobierno español se mostró reticente, la propia fiscalía de la Audiencia Nacional no tenía ninguna intención de "ir más allá" ni de "solicitar la extradición de los acusados", tal como aseguró una representante de ese departamento en una reunión informal con el asesor legal de la Embajada de EE UU en Madrid el 5 de mayo de 2008, justo tres meses después de que el juez Fernando Andreu dictara un auto de procesamiento (6 de febrero) de 182 páginas que implicaba, entre otras cosas, órdenes de arresto internacional contra la cúpula militar del Gobierno ruandés. Según un despacho confidencial, la fiscal llegó a afirmar que la causa fue investigada y tramitada sólo "para satisfacer a las familias".
Los intereses de EE UU en la zona son notables, no obstante EE UU, sí se tomó muy en serio el proceso -que comenzó en 2005 con una querella del Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos- y presionó a las autoridades españolas para que rebajaran la tensión con Ruanda. Ni siquiera las palabras "alentadoras" de la fiscal, que sugerían, según la Embajada, que el caso podría quedar "en agua de borrajas", echaron para atrás sus intenciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene intereses políticos, económicos y estratégicos en Ruanda y sus Estados vecinos.
El presidente de Ruanda, Paul Kagame, uno de los 40 procesados por el juez Andreu, se formó en el Reino Unido y Estados Unidos, país este último en el que recibió entrenamiento militar (en Fort Leavenworth, Kansas) y del que es considerado aliado. Por otro lado, la región de los Grandes Lagos de África sufre desde 1996 una explotación ilegal de sus recursos naturales, tal y como ha denunciado Naciones Unidas en varios informes, en la que entran en juego el oro, los diamantes y el coltán -mineral con el que se fabrican teléfonos móviles-, que se terminan exportando -gran parte desde Ruanda- a varios países de occidente, entre ellos, Estados Unidos.
El Gobierno español "no apoyaba" las acusaciones y consideraba que había otras vías a través de las que actuar, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Estados Unidos, por su parte, estaba preocupado -según otro cable- por la rapidez con la que Interpol tramitaría las órdenes de detención internacional y por si se pediría la extradición de aquellos procesados con aparente estatus diplomático, como Rugumya Gacinya, agregado militar en la Embajada de Ruanda en Washington, o Kayumba Nyamwasa, embajador de Ruanda en India. El único que no podía -ni puede a día de hoy- ser detenido o reclamado es el presidente Kagame, que tiene inmunidad y considero que es el maximo responsable.
Aunque el caso no está cerrado. Luchemos y exigamosa nuestros politicos, tribunales internacionales, ONU, etc. para que juzguen a los asesinos de nuestro amigo Luis y tantos otros inocentes que defendian desde lo mas noble del ser humano, la libertad y justicia de los pueblos por un mundo mas justo.
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El Gobierno despreció la causa judicial por el asesinato de nueve españoles en Ruanda
Ruanda
* Un alto cargo de Exteriores dijo a diplomáticos de EE UU que el Ejecutivo no apoyaba las acusaciones y veía "inútiles" algunas medidas del tribunal.
* El Gobierno creía que organismos internacionales debían hacerse cargo del proceso abierto por el juez Andreu en 2008 contra 40 militares ruandeses.
* Una fiscal de la Audiencia Nacional aseguró que "no irían más allá" y no pedirían extradiciones de los procesados por genocidio, lesa humanidad y terrorismo.
* EE UU presionó e hizo un seguimiento exhaustivo del caso que aún hoy investiga el asesinato de nueve españoles entre 1994 y 2000 en Ruanda y Congo.
El Gobierno español se desmarcó en privado ante Estados Unidos y Ruanda del proceso judicial abierto en 2008 por la Audiencia Nacional contra 40 miembros de la cúpula militar tutsi por genocidio, lesa humanidad y terrorismo, delitos presuntamente cometidos en Ruanda y en la República Democrática de Congo entre 1990 y 2002 y que incluían a nueve víctimas españolas. El Ejecutivo aseguró que "no apoyaba" la causa, que ésta no tenía nada que ver con su política exterior y que algunas medidas adoptadas por el juez le parecían "inútiles".
Así se desprende de varios de los cables filtrados por Wikileaks a los que 20minutos.es ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten.
Entre los nueve asesinados españoles había seis religiosos: Joaquim Vallmajo, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente e Isidro Uzcudun; los otros tres, Mª Flors Sirera, Manuel Madarazo y Luis Valtueña, eran miembros de la organización Médicos del Mundo. Todos ellos murieron entre 1994 y 2000, justo después de que tuviera lugar el brutal genocidio cometido por los hutus y de que los tutsis se hicieran con el poder en Ruanda. El Ejército Patriótico Ruandés / Frente Patriótico Ruandés (APR/FPR), de los tutsis, los habría matado, presuntamente, por haber sido testigos o denunciantes de sus crímenes.
Pero no sólo el Gobierno español se mostró reticente, la propia fiscalía de la Audiencia Nacional no tenía ninguna intención de "ir más allá" ni de "solicitar la extradición de los acusados", tal como aseguró una representante de ese departamento en una reunión informal con el asesor legal de la Embajada de EE UU en Madrid el 5 de mayo de 2008, justo tres meses después de que el juez Fernando Andreu dictara un auto de procesamiento (6 de febrero) de 182 páginas que implicaba, entre otras cosas, órdenes de arresto internacional contra la cúpula militar del Gobierno ruandés. Según un despacho confidencial, la fiscal llegó a afirmar que la causa fue investigada y tramitada sólo "para satisfacer a las familias".
Los intereses de EE UU en la zona
EE UU, no obstante, sí se tomó muy en serio el proceso -que comenzó en 2005 con una querella del Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos- y presionó a las autoridades españolas para que rebajaran la tensión con Ruanda. Ni siquiera las palabras "alentadoras" de la fiscal, que sugerían, según la Embajada, que el caso podría quedar "en agua de borrajas", echaron para atrás sus intenciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene intereses políticos, económicos y estratégicos en Ruanda y sus Estados vecinos.
El presidente de Ruanda, Paul Kagame, uno de los 40 procesados por el juez Andreu, se formó en el Reino Unido y Estados Unidos, país este último en el que recibió entrenamiento militar (en Fort Leavenworth, Kansas) y del que es considerado aliado. Por otro lado, la región de los Grandes Lagos de África sufre desde 1996 una explotación ilegal de sus recursos naturales, tal y como ha denunciado Naciones Unidas en varios informes, en la que entran en juego el oro, los diamantes y el coltán -mineral con el que se fabrican teléfonos móviles-, que se terminan exportando -gran parte desde Ruanda- a varios países de occidente, entre ellos, Estados Unidos.
Inmunidad del presidente Kagame
El Gobierno español "no apoyaba" las acusaciones y consideraba que había otras vías a través de las que actuar, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Estados Unidos, por su parte, estaba preocupado -según otro cable- por la rapidez con la que Interpol tramitaría las órdenes de detención internacional y por si se pediría la extradición de aquellos procesados con aparente estatus diplomático, como Rugumya Gacinya, agregado militar en la Embajada de Ruanda en Washington, o Kayumba Nyamwasa, embajador de Ruanda en India. El único que no podía -ni puede a día de hoy- ser detenido o reclamado es el presidente Kagame, que tiene inmunidad.
Cinco de los procesados participaban en esos momentos en misiones de la ONU, sobre todo en Darfur (Sudán)Otros cinco procesados participaban en esos momentos en misiones de la ONU, sobre todo en Darfur (Sudán). Entre ellos, el general Karenzi Karake, comandante adjunto del contingente UNAMID Force, cuyo nombramiento causó una gran polémica; su mandato, a pesar de las protestas, se alargó hasta 2009 y fue utilizado por el presidente Kagame en varias ocasiones para amenazar a la comunidad internacional: si el general -o alguno de los destinados a Sudán- era apartado de su puesto, Ruanda retiraría a sus soldados y dejaría de colaborar con la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad está Estados Unidos como miembro permanente.
Interpol sugirió a EE UU que si España pedía el envío de "notificaciones rojas" -de alto nivel- para los procesados, Ruanda podría negarse alegando motivos políticos. Es más, el agregado legal de la Embajada estadounidense especifica en el cable que Interpol podría tener también "cierto derecho de tanteo" sobre si enviaba las notificaciones o no. Lo que hizo, exactamente, en 2010 cuando se negó a incluir en su lista de reclamados por 188 países a los tres militares de EE UU que dispararon el proyectil que mató al cámara José Couso en Irak en 2003. Por si acaso, la Embajada en Madrid desaconsejó que cualquiera de los acusados por el juez Andreu viajara a EE UU y pidió "precaución" a su Gobierno.
"Que Moratinos llame a la ministra"
En mayo de 2008, Estados Unidos decidió presionar de una forma más activa. El embajador estadounidense de la Oficina de crímenes de guerra, Clint Williamson, viajó a Madrid y pidió expresamente que Moratinos llamara a su homóloga ruandesa, Rosemary Museminali, y le repitiera que la postura del Ejecutivo español era "diferente" a la de los jueces. EE UU, por su parte, contactaría con los embajadores de Alemania y Reino Unido en Madrid para que ayudaran a "motivar" al Gobierno y planeó un encuentro en Nueva York entre el fiscal general ruandés y el representante permanente de España en la ONU.
El proceso sigue abierto en la Audiencia: quedan testigos por declarar y la investigación sigue su cursoNo hay más cables desde Madrid -los documentos de Wikileaks abarcan hasta febrero de 2010- sobre este asunto. Aunque sí hubo novedades posteriores, ya que a pesar de las presiones y las reticencias de la fiscalía, el proceso sigue abierto en la Audiencia Nacional: quedan testigos por declarar, la investigación sigue su curso y hay varias comisiones rogatorias en marcha. Hay que destacar también que los contactos entre los Gobiernos español y ruandés han continuado y que el fiscal responsable del caso no siempre ha sido el mismo:
* Junio de 2010. El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, anunció que Zapatero copresidiría con Paul Kagame el Grupo de Impulso de los Objetivos de desarrollo del milenio.
* Julio. Paul Kagame viajó a Madrid para una primera reunión; Zapatero canceló por las presiones su encuentro privado y envió a Moratinos.
* Septiembre (17). El Consejo de Ministros aprobó pedir a Sudáfrica la extradición de uno de los procesados, Kayumba Nyamwasa, exiliado -pero no detenido- en dicho país. Sudáfrica, por el momento, guarda silencio. Los 39 acusados restantes se encuentran en Ruanda, cuya Constitución prohíbe las extradiciones: algunos regresaron "pocas horas" después de que el juez dictara su auto, según fuentes consultadas por 20minutos.es.
* Septiembre (20-22). Cumbre en Nueva York de los Objetivos del milenio: Zapatero evitó de nuevo la foto con Kagame.
* Octubre. Se hizo público un informe de la ONU que sugería que el ejército ruandés de Kagame podría ser culpable de genocidio.
http://www.20minutos.es/noticia/974401/0/wikileaks/ruanda/fiscalia/
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"Hoy mi hermana no habría muerto en Ruanda, el mundo ha cambiado, es más transparente"
Mª Flors Sirera
* El hermano de una de las víctimas españolas asesinadas entre 1994 y 2000 en Ruanda, Mª Flors Sirera, cree que contar lo que ocurría allí le costó caro.
* La Audiencia Nacional investiga desde 2005 el asesinato de seis religiosos y tres cooperantes; 40 miembros del Gobierno ruandés están procesados.
* Las revelaciones de '20minutos.es' sobre Wikileaks "han levantado ampollas": varias ONG piden a Sudáfrica la extradición de uno de los acusados.
No era la primera vez que iba a Ruanda. En aquella ocasión llevaba sobre el terreno unos tres meses; de nuevo, con Médicos del Mundo. Mª Flors Sirera, manresana de 33 años, cooperante, murió asesinada a tiros en 1997 junto a dos de sus compañeros, presuntamente a manos de soldados del Ejército Patriótico Ruandés (APR), el brazo armado del Gobierno del presidente Paul Kagame. Así consta en el auto del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, que en 2008 procesó y ordenó la detención de 40 miembros de la cúpula del Gobierno ruandés por, entre otros delitos graves, los asesinatos de nueve españoles entre 1994 y 2000.
Salían por la noche en coche con las luces apagadas a recoger cadáveres"¿Has visto la película Hotel Rwanda? Pues era lo que pasaba. Allí iban a trabajar profesionales de primera fila, no estaban de vacaciones. Salían por la noche en coche con las luces apagadas a recoger cadáveres". El hermano de Mª Flors, Josep María, recuerda al otro lado del teléfono lo que su hermana contaba a su familia, cuando podía, acerca de cómo era su trabajo humanitario con los refugiados. Casi siempre en cartas y de vez en cuando por teléfono, cuando nadie escuchaba. Mª Flors llegó a convertirse en un testigo incómodo de las matanzas que se venían sucediendo desde 1990 -en medio, en 1994, tuvo lugar el genocidio hutu-, y eso le costó caro.
"Estaban molestando. A veces, nos decía de repente 'tengo que colgar, porque si me oyen…'", explica Josep María. El día antes de su muerte había hablado "más de la cuenta" para una radio local y estaba "nerviosa", añade. Cree que si su hermana hubiera viajado hoy a Ruanda estaría viva. ¿Por qué? "El mundo ha cambiado, es más transparente", asegura. Los autores del crimen se lo hubieran pensado dos veces antes de actuar, opina, "no puedes hacer lo que quieras en tu casa, porque luego vas fuera y te señalan, la situación es distinta". Además, todo se acaba sabiendo, como las trabas que, supuestamente, ha sufrido el proceso judicial desveladas por 20minutos.es a partir de la información contenida en varios cables filtrados por Wikileaks.
"No es una cuestión de revancha"
"Empiezas a pensar sobre ello y te quedas corto", dice Josep María que, a pesar de conocer a la perfección las cuestiones tangenciales del caso –"¿Sabes que el ex primer ministro Tony Blair ha sido asesor de Kagame?"-, está convencido de que al final se hará justicia. Las últimas revelaciones, así como otros procesos en el extranjero como el del general Videla en Argentina por los niños robados durante la dictadura, le animan: "Digamos que estos delitos no prescriben, el tiempo corre a nuestro favor, pero no es una cuestión de revancha, sino de que determinados organismos de poder no cometan barbaridades".
Confías en que la Policía, la de tu país, esclarecerá la situación, pero se nos pasó muy poca información y la que llegaba no era creíbleEl proceso, sin embargo, es lento, "hay que esperar". La querella se interpuso en 2005, ocho años después de los hechos. Fue obra del abogado Jordi Palou y el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos -promovido por Juan Carrero Saralegui y el premio Nobel Adolfo Peréz Esquivel, entre otros-, "gente auténtica", según Josep María. Antes de que ellos lideraran la lucha en los tribunales, las perspectivas eran más bien escasas ante un posible proceso "económica y psicológicamente inviable" para cualquiera. "Confías en que la Policía, la de tu país, esclarecerá la situación, pero se nos pasó muy poca información y la que llegaba no era muy creíble". Entonces, relata Josep María, "aparecieron ellos -el Forum- y han llegado hasta aquí".
La lucha, no obstante, debe ser una responsabilidad compartida entre "jueces, periodistas y cooperantes", dice; a los primeros, incide, "hay que dejarles trabajar". Las revueltas en el mundo árabe y el rechazo a Gadafi por parte de las potencias occidentales le hacen incluso pensar que todo el trabajo legal "ya hecho" contra Paul Kagame -que no puede ser procesado porque es presidente y tiene inmunidad- pueda ser utilizado algún día por los que hoy "teóricamente" le protegen, pero para darle la espalda según los "intereses" del momento.
Plantón de la embajada de Sudáfrica
Uno de los procesados por el juez Andreu en 2008, Kayumba Nyamwasa, se encuentra en Sudáfrica. El Gobierno español pidió su extradición en septiembre de 2010, pero hasta ahora sólo ha obtenido silencio. Este lunes, la plataforma de organizaciones Basta de impunidad en Ruanda ha anunciado en rueda de prensa la remisión de sendas cartas certificadas y con acuse de recibo al presidente sudafricano, Jacob Zuma, y al portavoz del Congreso del país africano, para que atiendan la demanda española en base a la obligación exigida por varios convenios y tratados internacionales. Sus argumentos, "civiles y legales", están avalados por más de 40 colectivos, entre ellos, Médicos del Mundo y la Coordinadora Estatal española de ONG para el desarrollo.
El documento tenía que haber sido entregado a un representante de la embajada de Sudáfrica en Madrid, que ha cancelado la cita "a última hora"También han puesto su firma organizaciones de Holanda, Bélgica, Italia, Argentina, EE UU y Canadá, "casi toda la diáspora hutu y tutsi" y, por supuesto, los familiares de las víctimas y sus representantes legales. El documento tenía que haber sido entregado también en mano a un representante de la embajada de Sudáfrica en Madrid, que ha decidido cancelar la cita "a última hora". La plataforma asegura que llevan un mes intentando ser recibidos y creen que las filtraciones de Wikileaks "han levantado ampollas". Nyamwasa, explican, es -además de un acusado- "un testigo muy importante" en el caso de la Audiencia Nacional, y por eso reclaman una mayor "presión de la sociedad civil" para lograr su extradición; reclaman, un "debate público".
Asimismo, exigen una respuesta del Gobierno -"está obligado moralmente", dicen las ONG- a las revelaciones hechas por 20minutos.es sobre las presiones de EE UU y enmarcan sus últimos pasos en un "juego político", aunque les consta que hacen progresos "pasito a pasito". "Ninguno estamos al cien por cien sorprendidos por todo esto", señala Susana Sanz, coordinadora de la plataforma, que destaca la indignación de las familias, que tratan hoy de mantenerse en un segundo plano. El "vacío informativo", según José Julio Martín Sacristán, director de Fundación Sur, es otro obstáculo constante en la causa. Por el momento, ambos se declaran "expectantes" tras la reavivación del caso y esperan novedades en los próximos días. Para empezar, este mismo mes el presidente ruandés tiene prevista una visita a París.
http://www.20minutos.es/noticia/981081/0/ruanda/sirera/wikileaks/
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Derechos Humanos
WikiLeaks / Las graves revelaciones de 20 Minutos sobre Ruanda y el escaso eco mediático de las mismas
El Magistrado-Juez Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional española, Iltmo. Sr. D. Fernando Andreu Merelles, mediante Auto de seis de febrero de 2008, imputó al actual presidente de Ruanda, General Mayor Paul Kagame, los siguientes delitos: Delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, integración en Organización Terrorista y actos terroristas.
De Kagame ya hemos hablado aquí. Un “estadista” acusado del asesinato de los los misioneros españoles: Joaquim Vallmajo, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente e Isidro Uzcudun y los también ciudadanos españoles, Mª Flors Sirera, Manuel Madarazo y Luis Valtueña, miembros de la ONG Médicos del Mundo.
Cuando ya exisitía sobre Kagame, el “rey del Coltán”, un auto de procesamiento por el asesinato de nuestros compatriotas y las acusaciones más graves que se puedan dar en el derecho internacional, el presidente de Telefónica y la ex directora general de la Biblioteca Nacional decidieron, un buen día, colaborar con Kagame en una comisión presidida por él.
Claro que el copresidente de la comisión era el hombre más rico del mundo. ¿Quién se puede negar?. La Comisión para la promoción de la Banda Ancha de Slim y Kagame, por cierto, asesoraba a la ONU. Libia presidía hasta hace poco la Comisión de Derechos Humanos, que nadie se sorprenda.
Vaya tropa, lo que hay que aguantar. Luego los que han colaborado en la comisión de Kagame nos enviarán un folleto sobre responsabilidad social corporativa (RSC) y la colaboradora de Sinde pronunciará en algún discurso la palabra ética.
Pero nada comparado con la que ha revelado 20 Minutos sobre la actuación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el auto de procesamiento contra los presuntos responsables de asesinato de nuestros compatriotas que incluye entre los acusados al propio Kagame.
El Gobierno despreció la causa judicial por el asesinato de nueve españoles en Ruanda, publicaba 20 Minutos la semana pasada en un gran titular. La Fiscalía, ya lo puedes imaginar, al servicio del gobierno de España, Ruanda y Estados Unidos. Pero hay más:
En mayo de 2008, Estados Unidos decidió presionar de una forma más activa. El embajador estadounidense de la Oficina de crímenes de guerra, Clint Williamson, viajó a Madrid y pidió expresamente que Moratinos llamara a su homóloga ruandesa, Rosemary Museminali, y le repitiera que la postura del Ejecutivo español era “diferente” a la de los jueces.
La fiscal llegó a afirmar que la causa fue investigada y tramitada sólo “para satisfacer a las familias”.
El senador Pere Sampol i Mas, uno de los pocos que votó contra la Ley Sinde, presentó una moción urgente ante las graves revelaciones de 20 Minutos. Pero la noticia no ha salido en el telediario. Claro que tampoco ha ocupado tiempo y espacio en el resto del periodismo tradicional o digital que todavía se pregunta por las razones de la perdida de su credibilidad.
La moción de Sampol insta al gobierno a colaborar con la Justicia Universal y a proponer, en la Unión Europea y en las Naciones Unidas, que se tomen las medidas necesarias para obligar al dictador ruandés, Paul Kagame, a liberar a todos los presos políticos, a permitir la celebración de unas elecciones libres, a que cese inmediatamente el programa de esterilización forzada de 700.000 hombres y a que deje de expoliar los recursos de la vecina República Democrática del Congo.
El senador balear afirma en su moción que las revelaciones publicadas por 20minutos.es demuestran lo que ya había quedado de manifiesto en todas las comparecencias parlamentarias de miembros del Gobierno: su desprecio por el Auto del magistrado Andreu, la complicidad con el Gobierno ruandés del dictador Paul Kagame y la sumisión a los deseos de Estados Unidos. La moción sigue diciendo:
WikiLeaks viene a confirmar las evidencias reflejadas en los diarios de sesiones del Senado. El desdén del Gobierno hacia el Auto judicial; el ensalzamiento del régimen ruandés, principal responsable del conflicto que ha causado el mayor número de víctimas desde la Segunda Guerra Mundial; el desprecio a las familias de las víctimas españolas, – aún hoy el presidente del Gobierno no se ha dignado a recibirlas -; incluso la falta de colaboración con la Justicia, -aún no sabemos si el Gobierno ha cursado la Comisión Rogatoria al secretario general de las Naciones Unidas, dictada por el magistrado Andreu en febrero de 2009.
Pero WikiLeaks revela algo más importante, aunque ya puesto en evidencia por los Autos judiciales del magistrado Andreu: la protección de Estados Unidos al régimen ruandés y sus maquinaciones para dejar impunes los gravísimos delitos denunciados. Ahora se entienden las difamaciones divulgadas por un “Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones” contra Juan Carrero, activista mallorquín impulsor, junto a los familiares de las víctimas y otras organizaciones, de la querella criminal contra el Frente Patriótico Ruandés.
Hoy, cuando celebramos las “revoluciones” democráticas de Túnez, Egipto, Libia,… Cuando Estados Unidos condena al dictador Gadafi por reprimir a su pueblo y embarga sus bienes en Estados Unidos. Cuando la comunidad internacional toma represalias contra el régimen de Gadafi y brinda ayuda humanitaria a las zonas liberadas…, Paul Kagame, imputado por un Tribunal competente por los mayores crímenes contra la humanidad, sigue masacrando a su pueblo. Tiene a los líderes de la oposición encarcelados. Victoire Ingabire Umuhoza, lleva un año en la cárcel. Deogratias Musayidi, más tiempo. Ha asesinado a líderes como el vicepresidente del Partido de Los Verdes, así como a periodistas. Sigue practicando el pillaje de los recursos naturales del Este del Congo, masacrando a la población civil…
Y mientras la Comunidad internacional sigue amparándolo, está perpetrando la última fechoría. Según ha denunciado Steven W. Mosher, Presidente del Instituto de Investigación sobre la Población (Population Research Institute/PRI), Ruanda está preparando un programa de esterilización de 700.000 hombres, gracias a fondos recibidos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Concretamente de Salud Interna International (IntraHealth International) y Salud Familiar International (Family Health International). Estas campañas tendrían por objeto diezmar la étnia hutu mayoritaria, acto calificado de genocidio por la Convención para la Prevención y sanción del delito de Genocidio.
20 Minutos ha ejercido el periodismo de verdad. Muy pocos con esta importante noticia lo han hecho. Resulta extraño el escaso eco. Aunque para muchos vendrá a confirmar la tesis de Julian Assange: “Los periodistas han dejado al Estado y a las grandes empresas salirse con la suya”.
http://www.nacionred.com/derechos-humanos/wikileaks-las-graves-revelaciones-de-20-minutos-sobre-ruanda-y-el-escaso-eco-mediatico-de-las-mismas
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