Petición dirigida a: Presidencia del Gobierno
Presidencia del Gobierno: ¿Qué está haciendo el gobierno para luchar contra la corrupción?
Petición creada por Gonzalo Fanjul Madrid, España
¿Qué medidas ha adoptado España para luchar contra la corrupción? Ésta es la pregunta que la organización Access-Info envió en el año 2007 al gobierno español. El gobierno no respondió. Access-Info fue a los tribunales para intentar conseguir una respuesta. Cinco años después sigue sin tenerla. Y además el Tribunal Supremo les condena a pagar 3.000 euros de costas del juicio. Por preguntar.
España debe informar cada dos años a Naciones Unidas de las medidas que está tomando para luchar contra la corrupción. Pero esa información –si es que se envía- es secreta. Los ciudadanos no podemos saber –ni preguntar, parece ser- qué está haciendo el gobierno para acabar con la rampante corrupción que asola nuestro país.
Ya que Access-Info tendrá que pagar los 3.000 Euros, al menos ayudémosles a que tengan una respuesta. Veamos si a los ciudadanos nos responden.
Cuando firmes esta petición estarás enviando un correo a la Presidencia del Gobierno con esta pregunta: ¿Cuál ha sido el desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y al Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción?
Carta de la petición
¿Cuál ha sido el desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y al Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción?
Les agradecería que publicasen la respuesta en su página web.
Atentamente
[Tu nombre]
SIGUE SOBRANDO PERSONAL.España cuenta con 60.000 empleados públicos más que en plena burbuja
El sector público sigue contando con 59.800 empleados más que en 2007 tras fichar a 350.000 personas durante la crisis.
M. LLAMAS SEGUIR A @MANUEL_LLAMAS 2012-11-02
La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre confirmó la tendencia que se viene registrando en los últimos meses en cuanto a destrucción de empleo en el sector público. En concreto, el número de ocupados bajó en 96.000 personas con respecto al segundo trimestre, hasta situarse en un total de 17,32 millones, el nivel más bajo desde 2003.
Sin embargo, lo relevante es que casi la mitad de la destrucción laboral se concentró en el sector público: 49.400 empleos, de los que 19.600 eran trabajadores temporales y 29.800 indefinidos. Además, el recorte se centró en la administración autonómica, con una reducción de 44.300 trabajadores en el tercer trimestre
El número de empleados públicos se situaba en septiembre en un total de 2,99 millones, bajando así del umbral de los 3 millones por primera vez desde el tercer trimestre de 2008. Pese a ello, el sector público español sigue contando a día de hoy con 59.800 empleados más que al comienzo de la crisis, ya que en el tercer trimestre de 2007 su número ascendía a 2.931.900 trabajadores.
La razón estriba en el sustancial incremento de contrataciones que efectuaron las administraciones públicas durante la crisis. Así, a pesar de la debacle financiera, la posterior recesión económica y el creciente aumento del déficit, los políticos, lejos de aplicar la necesaria austeridad, dispararon sus plantillas a lo largo de estos últimos años. Mientras que a finales de 2007 España contaba con cerca de 2,9 millones de empleados públicos, en el tercer trimestre de 2011 su volumen ascendía a 3,22 millones, todo un récord histórico. Es decir, los trabajadores del sector público aumentaron en 350.00 en plena crisis: unos 45.000 en la Administración Central, otros 45.000 en la Local y casi 250.000 en las CCAA.
Estos excesos tan sólo comenzaron a corregirse a finales del pasado año. Desde el tercer trimestre de 2011 al tercero de 2012, el sector público ha adelgazado su plantilla en casi 230.000 personas, aunque sigue superando la cifra registrada al inicio de la crisis -en el pico de la burbuja-. Y, de hecho, este ajuste se ha acelerado en los últimos meses: la economía española ha destruido 836.000 empleos en el último año, de los que casi un tercio se han concentrado en el sector público; sin embargo, en los últimos tres meses, la mitad de la destrucción laboral procede ya de las administraciones.
Evolución laboral durante la crisis
La evolución experimentada por las plantillas públicas durante la crisis contrasta de forma frontal con el desplome laboral registrado en el sector privado. Acaban de cumplirse justo cinco años -un lustro- desde que España registró su máximo histórico de empleo con más de 20,5 millones de ocupados en el tercer trimestre de 2007. Hoy, sin embargo, esta cuantía se sitúa en apenas 17,3 millones (un 15,6% menos), el nivel más bajo desde 2003. Es decir, la crisis se ha llevado por delante 3,2 millones de puestos de trabajo, pero el sector público cuenta con un 2% de empleos más que a finales de 2007. En total, los empleados públicos sumaban al finalizar septiembre 2.991.800, mientras que los del sector privado ascendía a algo más 14,3 millones.
Sin embargo, en los últimos meses los datos muestran un punto de inflexión entre ambas variables. Así, en el último año, el empleo asalariado del sector privado ha caído un 6%, mientras que en el sector público asciende al 7,1%; y en los dos últimos trimestres la pérdida de ocupados en el sector privado apenas asciende a 500 personas (una caída interanual del 0,6%), mientras que el sector público ha sufrido un recorte de 113.000 empleados (3,6%).
El mayor ajuste, en las CCAA y en los temporales
Desde los máximos alcanzados en el tercer trimestre de 2011, los empleados de la Administración Central apenas se han reducido en casi 13.000 efectivos, concentrándose así el ajuste en las CCAA, con un recorte de 128.000 empleados, y en los ayuntamientos (86.000 menos). Asimismo, el número de asalariados indefinidos cae en algo más de 55.000 durante este período, mientras que el de temporales lo hace en más de 173.000. Esto indica que el ajuste efectuado hasta el momento se debe a la exigua tasa de reposición y, sobre todo, a la no renovación de contratos temporales.
Sin embargo, el Gobierno acaba de aprobar una nueva herramienta para aprobar despidos colectivos en las empresas públicas y el conjunto de las administraciones en caso de registrar déficit y recortes presupuestarios que, en caso de aplicarse, acelerará en gran medida el necesario ajuste de plantillas. Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), los EREs en el sector público pueden afectar, potencialmente, a un total de 700.000 trabajadores públicos (no funcionarios).
¿Cómo evolucionará en los próximos años?
Según la experiencia de la última recesión de principios de los años 90, el empleo público tardará tiempo en recuperarse. Entonces, el empleo privado cayó hasta un 11% y el público un 5%, pero no volvió a crecer hasta casi una década más tarde (1999).
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Los que visteis SALVADOS, el programa de Jordi Évole del domingo, lo entenderéis mejor: el Congreso rechaza una Iniciativa Legislativa Popular según la cual al menos 500.000 ciudadanos españoles han solicitado la eliminación de las prebendas que tienen los políticos que pierden su cargo.
NO SE ADMITE A TRAMITE (desvergüenza nacional)
No se podía esperar menos de nuestros políticos
La comisión del Congreso NO ADMITE A TRÁMITE UNA PROPOSICIÓN POR LA CUAL LOS POLÍTICOS DEJARÍAN DE COBRAR DEL ESTADO TERMINADO SU MANDATO.
Así se aprietan el cinturón y son solidarios con las personas que los han elegido.
Me han pedido que difunda esta iniciativa popular rechazada por los npolíticos de este país, donde se solicita que los políticos no tengan privilegios y que sean considerados ciudadanos como todo el mundo.
Por favor darle la máxima difusión para que??....se les caiga la cara de vergüenza (si eso es posible)
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Los nexos con la corrupción en el poder, con el clientelismo político y con la dejadez de funciones de la clase política están matando a la sociedad española. Sin ir más lejos, hoy mismo conocemos que el Gobierno de Mariano Rajoy mantiene en cartera 842 asesores y cargos de confianza. A cargo de la Presidencia del Gobierno, nos encontramos con 245 personas nombradas a dedo de los cuales 68 asesores no tienen ni siquiera el Graduado Escolar.
En este país, los requisitos necesarios para llegar alto en la administración pública, para garantizarte una nómina escandalosa, impunidad y control es un carnet político (y unas rodilleras). ¿Qué asesoramiento puede dar una persona sobre economía, política exterior, relaciones institucionales, comunicación o cualquiera de alguno de los frentes abiertos para un cargo del Presidente del Gobierno cuando no alcanza ni siquiera el mínimo de educación obligatoria marcado en este país?
Un título, una formación una preparación académica no garantiza absolutamente los conocimientos, pero debería ser al menos condición necesaria pero no suficiente para ostentar cargos que al fin y al cabo dirimen sobre las políticas que rigen en un país. El asesoramiento a nivel barra de bar estáa muy bien para eso, para la discusión en el bar, pero no para tomar decisiones que trascienden al BOE y que repercuten en todos nosotros. Decididamente, el Presidente del Gobierno debería explicar estos 68 cargos, sus funciones, sus méritos y los consejos e informes que le preparan, porque queda claro, que así, no estamos en buenas manos.
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