vox de españa

Manifiesto Fundacional
VOX es un proyecto político para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española con el objetivo de cohesionar la Nación, conseguir la eficiencia del Estado, mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la honradez de los responsables públicos e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los ciudadanos.
VOX constata que ante la degradación del Estado constitucional a Estado de partidos y la incapacidad de las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional para diseñar y realizar las profundas reformas que necesitan tanto nuestro sistema institucional y jurídico como nuestro modelo productivo, es imprescindible que surjan nuevas opciones emanadas de la sociedad civil capaces de dar respuesta a la actual crisis estructural que atraviesa España.
VOX propone, en consecuencia, una Agenda de Renovación concretada en un conjunto de medidas que hagan realidad el proceso de transformación democrática que los ciudadanos españoles vienen reclamando a través de numerosas plataformas e iniciativas civiles desde el inicio de la crisis.
VOX llama a todos los españoles que desean una España unida en permanente progreso material y moral, y dotada del prestigio y la influencia que le corresponden en el mundo por su envergadura histórica, cultural y económica, a sumarse a un nuevo proyecto basado en la firmeza de las convicciones democráticas y en los valores propios de la sociedad abierta.

RAZÓN DE SER

España atraviesa una crisis múltiple y profunda de carácter sistémico que afecta a su economía, a sus instituciones, a su unidad nacional y a su moral colectiva.

Los escándalos que se vienen acumulando y que afectan a los principales partidos políticos del país, involucrados en graves casos de corrupción, han sumido a la sociedad española en el desaliento y han suscitado su indignación. Una ola de creciente pesimismo inunda nuestra vida pública y ante la difícil encrucijada en la que nos encontramos creemos necesario articular una respuesta ciudadana, limpia y vigorosa, que dé respuesta a las inquietudes y demandas de los españoles.

La hora del diagnóstico y de la denuncia ya está cumplida. Ha llegado el momento de la movilización y de la acción, de la responsabilidad y del compromiso cívico. España no se puede permitir una quiebra de la confianza en sus representantes elegidos y en sus gobernantes de la magnitud de la que padecemos, con centenares de procedimientos judiciales abiertos mientras se extiende la sensación de que tan reprobables comportamientos quedan impunes en una alarmante proporción. El descrédito de las cúpulas dirigentes de la mayoría de fuerzas del arco parlamentario daña seriamente nuestras instituciones y deteriora peligrosamente nuestra democracia.

Es urgente una reacción vigorosa de la sociedad civil que fortalezca nuestra estructura política y abra paso a un cambio profundo de nuestra perspectiva ética. Hemos de guiarnos por valores fuertes que nos sitúen en el mundo con capacidad de competir con éxito y de ser respetados. España no ha de ser percibida como un problema a resolver, sino como un ejemplo a imitar.

Un enfoque meramente economicista de nuestras dificultades es insuficiente y nos lleva al fracaso. Si las ideas que nos conducen son equivocadas, si las concepciones morales que nos inspiran son débiles, nunca conseguiremos volver a la senda del crecimiento material. Es imposible diseñar una política económica eficaz sin el impulso de principios sólidos. Son el esfuerzo, la perseverancia, la cohesión, el altruismo, la búsqueda de la excelencia, el reconocimiento del mérito, la honradez y el patriotismo los que crean los puestos de trabajo y traen la prosperidad.

No hay nación en el mundo que pueda soportar indefinidamente que su Constitución sea continuamente ignorada o despreciada. Un sistema político que pone al Gobierno a merced de fuerzas cuyo propósito explícito es liquidar la unidad nacional no es viable y debe ser reformado. Partidos de ámbito nacional que prefieren aliarse con los que trabajan para destruir la nación en vez de cerrar filas para preservarla, no merecen la confianza de los ciudadanos y deben ser sustituidos por nuevas opciones que estén dispuestas a poner las libertades y derechos de los españoles por encima de su interés parcial y egoísta.

El Estado de las Autonomías no ha cumplido los fines para los que fue concebido y su coste ha alcanzado proporciones alarmantes. La descentralización política, que se ha llevado a extremos dudosamente compatibles con la Constitución, lejos de apaciguar la cuestión nacionalista en Cataluña y en el País Vasco, ha agudizado las tensiones centrífugas y ha puesto a España al borde de la desintegración. Nuestro Estado autonómico es políticamente inmanejable y financieramente insostenible.

En el terreno de la calidad de nuestra democracia, el Estado constitucional ha degenerado en Estado de partidos. El vínculo entre representantes y representados es casi inexistente y las listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por las cúpulas partidarias, deterioran visiblemente la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el control de los gobernantes por los gobernados. Un grupo reducido, cooptado y oligárquico de dirigentes de partido maneja a su arbitrio el Estado. La separación de poderes, base de la democracia constitucional, está seriamente dañada. La politización de la Justicia es escandalosa y los dos grandes partidos coinciden en su voluntad de mantenerla.

Los sucesivos cambios de Gobierno no han modificado este decepcionante panorama, sino que lo han agravado, siempre en la dirección del debilitamiento de la cohesión nacional, de la invasión de las instituciones y de la sociedad civil por los partidos y del aumento de la corrupción. VOX considera que ha sonado la hora de emprender una reforma profunda de carácter estructural que afronte de verdad los defectos de un sistema político, jurídico, institucional y económico que está irreversiblemente agotado.

PRINCIPIOS INSPIRADORES

La libertad individual, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son elementos indispensables de la democracia, que requiere asimismo una presencia continua y una participación activa de la sociedad civil en los asuntos públicos.
La indisoluble unidad de la Nación española y la atribución de la soberanía nacional al pueblo español en su conjunto son pilares irrenunciables de nuestra convivencia en libertad.
España está llamada por su trayectoria histórica, por su envergadura cultural y económica y por su posición geoestratégica singular, a jugar un papel relevante en la escena internacional a partir de su identidad europea e iberoamericana y de su doble vocación mediterránea y atlántica. Nuestra posición en la Unión Europea ha de ser de actor implicado y principal, conjugando nuestro compromiso con el proceso de integración y el interés comunitario con la defensa de nuestros legítimos intereses nacionales.
El justificado descrédito que sufren la política y los políticos en nuestro país exige tomar medidas con el fin de remediar una situación tan lamentable. Se ha de abordar sin dilación una nueva Ley de Partidos que asegure su funcionamiento democrático y la transparencia de sus fuentes de financiación, así como una nueva Ley Electoral que garantice el vínculo directo entre representantes y representados. El actual sistema proporcional organizado en grandes circunscripciones y listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por las cúpulas partidarias a espaldas de los afiliados, ha de ser sustituido por otro que libere a la sociedad del patológico dominio de los partidos sobre la vida pública y sobre la estructura institucional del Estado.

El Estado de las Autonomías ha sido un intento bienintencionado, pero fallido. Sus fines eran correctos, pero su concreción jurídica y práctica ha resultado insatisfactoria tanto desde el punto de vista político como del funcional y económico. No ha cumplido el objetivo de integrar a los nacionalismos periféricos, contribuyendo por el contrario a la exacerbación de sus pulsiones separatistas; ha provocado un crecimiento del sector público más allá de lo sostenible; ha deteriorado significativamente la unidad de mercado interna; ha multiplicado innecesariamente la complejidad administrativa; ha dañado la coherencia de nuestra acción exterior y ha contribuido en buena medida a la preocupante pérdida de calidad de nuestro sistema educativo. Un Estado unitario puede ser tan democrático como un Estado compuesto y la federalización nunca ha de ser una amenaza a la unidad nacional y a la igualdad de derechos y libertades de todos los ciudadanos. Un Estado rígidamente homogéneo es tan inadecuado para España como un Estado en proceso de desintegración. VOX propugna un Estado fuerte y eficiente, administrativamente descentralizado y capaz de acomodar y reconocer la pluralidad histórica y cultural de nuestra Nación.
La consolidación del Estado de Derecho y el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático requieren una efectiva separación de poderes y una auténtica independencia del Poder Judicial. Estas exigencias comportan reformas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que despoliticen por completo estos órganos constitucionales.
La economía de mercado, la libre iniciativa y el pleno reconocimiento del derecho de propiedad son las claves de la prosperidad y de la creación de empleo. El Estado debe ser el guardián de las reglas del juego y el garante de la seguridad jurídica de los operadores económicos y sociales. El gasto público ha de estar sometido a un riguroso control para impedir un endeudamiento que hipoteque a las futuras generaciones. España se ha de dotar de un modelo productivo centrado en la generación de valor añadido sobre la base de la competitividad, el desarrollo y la innovación. El fomento de la cultura emprendedora y de la investigación son componentes indispensables del crecimiento y del progreso. La fiscalidad ha de ser una herramienta de dinamización de la economía y no ha de alcanzar nunca niveles confiscatorios que inhiban el ahorro y la inversión y desincentiven el trabajo y el esfuerzo. El motor de creación de ocupación son las empresas y los empresarios, a los que el Estado ha de proporcionar un entorno normativo, fiscal, cultural y ético que estimule su actividad.
La libertad, la competencia entre centros, el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia, la disciplina, el respeto a la autoridad del profesor, el reconocimiento de la profesión docente y la evaluación exigente del rendimiento de alumnos y profesores son las líneas directrices de un sistema educativo de calidad. La igualdad de oportunidades de todos los españoles para recibir una formación adecuada a sus capacidades y méritos es condición necesaria para articular una sociedad del conocimiento con posibilidades reales de éxito en un mundo globalizado. Para ello, la educación debe erigirse en una de las grandes prioridades nacionales.
España necesita una Universidad a la altura de su desarrollo, una institución que sepa ser competitiva, abierta, plural, capaz de impulsar las humanidades, la ciencia y la tecnología y de propiciar una potente reflexión crítica sin la cual la cultura languidece y se politiza. Se hace precisa una reforma a fondo de la legislación universitaria, de su funcionamiento y de su sistema de gobierno para que las universidades españolas se sitúen en el lugar al que deben aspirar dentro del marco internacional en el que tienen que competir.
Una sociedad responsable y moralmente sana ha de defender y promover la cultura de la vida, ha de cuidar y proteger a la familia como institución básica y ha de mostrar su solidaridad con los sectores más vulnerables. La solidaridad no ha de ser monopolizada por el Estado, que debe crear el marco normativo y fiscal que facilite y estimule a la propia sociedad para que contribuya activamente a la misma.
España es una gran Nación que siempre ha sabido superar las etapas duras de su historia gracias al coraje, determinación y sacrificio de sus gentes. No ha de haber lugar para el pesimismo o el desaliento en el período de dificultades que atravesamos. Las épocas de crisis ofrecen las mejores oportunidades de rectificación y de mejora. Los españoles han de ser conscientes de que el patriotismo crítico, ambicioso y sereno representa su mejor arma para encontrar de nuevo la senda del crecimiento material y de la fortaleza moral. VOX invita a sus compatriotas a emprender sin vacilaciones la marcha hacia los altos niveles de bienestar, prestigio y peso en el mundo que una España unida, fuerte y segura de sí misma es capaz de alcanzar y merece.
Debemos promover una cultura que aprecie y premie la excelencia, que rechace la mediocridad, el fraude y la corrupción generalizada, una cultura que genere un alto nivel de conciencia ética y de respeto a la ley, sin excepciones de ningún tipo.

AGENDA PARA EL CAMBIO

Una nueva Ley Electoral que sustituya el actual sistema proporcional por un sistema mixto mayoritario-proporcional con circunscripciones de una dimensión que posibilite un vínculo real entre representantes y representados. El sistema electoral ha de reflejar fielmente el pluralismo social y favorecer a la vez la gobernabilidad del país.
Una nueva Ley de Partidos que garantice su funcionamiento democrático y la transparencia y equidad de su financiación. La periodicidad máxima de sus Congresos será bienal y estarán abiertos a todos sus afiliados. Los cargos orgánicos y los candidatos a las elecciones serán elegidos por sufragio universal y secreto de todos los militantes en el ámbito territorial que corresponda. Los órganos de dirección de los partidos serán directamente responsables de la buena administración, veracidad y legalidad de sus cuentas.
Supresión de las subvenciones públicas a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales con la excepción de la dotación necesaria para la correcta labor de los Grupos Parlamentarios y Municipales.
Evolución del Estado de las Autonomías hacia un Estado unitario administrativamente descentralizado que reconozca e integre los hechos diferenciales culturales, lingüísticos, jurídico-forales e insulares característicos de nuestro país. Un Estado con un único Gobierno, un único Parlamento depositario exclusivo de la soberanía nacional y un Tribunal Supremo que actúe como última instancia jurisdiccional en todos los órdenes, comprendido el constitucional. Durante el proceso político, electoral y legislativo que desemboque en esta transformación, VOX promoverá aquellas medidas y reformas que, dentro del ordenamiento vigente en cada momento, contribuyan a la fortaleza y eficiencia del Estado, a la cohesión de la Nación y a la igualdad de los derechos y libertades de los españoles, así como al cumplimiento de sus obligaciones, en todo el territorio nacional.
Reforma de la composición y de la forma de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, volviendo a la fórmula prevista por la Constitución de 1978.
Atribución de la jurisdicción constitucional al Tribunal Supremo, que resolverá los recursos de amparo según las materias correspondientes a las diferentes Salas. Los recursos de inconstitucionalidad corresponderán a una Sala especializada constituida de manera permanente a tal efecto. Se repondrá el recurso previo de inconstitucionalidad.
Despolitización completa de la forma de elección y de las competencias del Tribunal de Cuentas y de los Organismos Reguladores para garantizar su independencia.
Reforma del Régimen Local sobre la base de una descentralización administrativa provincial e insular conducente a una mayor eficacia y eficiencia de la administración territorial compatible con el control de legalidad a cargo de las instancias centrales del Estado. Nuevo mapa municipal que se traduzca en una notable reducción del número de entes locales mediante su agrupación con criterios de proximidad, demografía, optimización de recursos y operatividad.
Una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno que establezca plenas garantías de control de la gestión y administración de los recursos públicos por parte de los ciudadanos posibilitando el ejercicio efectivo de sus derechos como administrados de tal forma que queden protegidos frente a eventuales arbitrariedades o abusos del poder político.
Las propuestas y reformas enumeradas en esta Agenda requerirán en algunos casos cambios constitucionales, pero en otros es perfectamente posible hacerlo mediante leyes ordinarias adoptadas por el Parlamento.

Aquellas medidas que requieran una reforma de la Constitución deberán ser consideradas metas últimas de VOX dentro de nuestra visión transformadora del Estado. En cuanto a las que sean factibles a través de del proceso legislativo y ejecutivo ordinario, VOX orientará su trabajo político hacia su realización inmediata, siempre en consistencia con sus objetivos finales.

COMPROMISOS DE FUNCIONAMIENTO

VOX se estructurará democráticamente de modo que todos sus candidatos y cargos orgánicos sean elegidos por los afiliados en elecciones primarias y rindan periódicamente cuentas ante ellos, en cuyo nombre actúan.
VOX se financiará mediante cuotas de sus miembros y donaciones de sus partidarios que serán gestionadas por un Director económico financiero, externo a la estructura política y responsable ante los órganos de gobierno. Las cuentas anuales serán auditadas y publicadas.
El reglamento interno de funcionamiento contemplará la tutela de los derechos de los afiliados y la posibilidad de que estos acudan ante cualquier conflicto al comité de garantías y, si no estuvieren conforme con su dictamen, ante las autoridades judiciales.
La disciplina de partido no podrá invocarse nunca para coartar la libertad de opinión y expresión de los dirigentes y miembros del partido, puesto que VOX acepta como parte fundamental de su capital político la capacidad de análisis y la libertad de iniciativa de sus miembros.
Los miembros de VOX no participarán en ningún órgano político o administrativo del Estado que se considere innecesario, contrario a las libertades o cuya actuación no esté inspirada en el principio de transparencia.
VOX se compromete a estudiar y a responder a las iniciativas ciudadanas que le sean sometidas para su consideración y promoción.
VOX promoverá en todas partes los mismos principios y políticas y, muy singularmente, defenderá el uso libre de la lengua española en todo el territorio nacional, especialmente en el sistema educativo.
VOX promoverá instrumentos de participación y consulta avanzados para aprovechar las ventajas de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito del debate público y de la participación ciudadana.

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