Autocracia
Estado de Rubalcaba
Humberto Vadillo
¿Decretará Rubalcaba el estado de alarma en el caso de una eventual intervención de la Unión Europea o el FMI? ¿Lo hará en el caso de una eventual victoria del PP en las elecciones?
2010-12-09
Lunes 20 de septiembre. Por orden de Rubalcaba Juan Antonio González, comisario general de Policía Judicial, pasa a controlar todas las investigaciones que afecten a "cargos públicos y personas de relevancia". Juan Antonio González, cuyas iniciales coinciden con las del policía JAG, implicado en el caso Malaya, cuya persona agració la cacería Bermejo-Garzón tras la que este último lanzo Gürtel. La caza política es de altanería.
Jueves 21 de octubre. Rubalcaba toma posesión como vicepresidente primero del Gobierno, manteniendo la cartera de Interior y asumiendo además la Portavocía. Controlará Sitel, CNI y servicios de información de Policía y Guardia Civil. Según publica Antonio Rubio en El Mundo al poco espetará Rubalcaba a un Magistrado del Tribunal Supremo que le expresa un cierto desacuerdo procedimental: "Mi ventaja es que yo sé todo sobre todos". Ciertamente.
Martes 30 de noviembre. Rubalcaba se reúne con los editores y directores de los principales periódicos de España, encuadrados en la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles). Para la prensa el 2010 ha sido un año dificilísimo. De pérdidas. Sin excepciones. El peor de la última década. Rubalcaba confía en que "en las próximas semanas" se puedan avanzar una serie de medidas con el propósito de "ayudar" a la prensa. La prensa escrita es casi el único sector periodístico en España en el que todavía existe pluralidad. Salvo en Cataluña. El modelo catalán es el que quiere importar Rubalcaba a toda España. Una excelente relación entre un gobierno que paga y una prensa que nadie quiere leer. Un editorial conjunto cuando sea preciso.
Viernes 29 de octubre. Rubalcaba cena en el restaurante Currito con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el fiscal jefe, Javier Zaragoza y los magistrados Gómez Bermúdez, Grande Marlaska y Pedraz. Estos últimos han sido condecorados por el ministro. Condecoración con pensión. Cena a escote. A Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, le parece "perfectamente aceptable". Asisten también el secretario de estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez. El juez Pedraz es en estos momentos responsable de la investigación del caso Faisán, algunas de cuyas plumas pueden encontrarse todavía en las solapas de Rubalcaba. Silvestre se comió a piolín.
Sábado, 4 de diciembre. Se declara el estado de alarma para poner fin a la huelga de los controladores aéreos. Rubalcaba es quien toma decisiones, da explicaciones y atiende a los medios. La declaración del estado de alarma era consecuencia no necesaria de años de interesada negligencia en dotar a España de una Ley de Huelga, de la desidia dolosa de años de no formar y homologar a los suficientes controladores aéreos y de la incompetencia habitual y tontuna inoportuna de Pepiño Blanco en la gestión de Fomento.
Jamás se había decretado en la España democrática el estado de alarma. No durante el 23-F, no durante las horas largas que precedieron al asesinato de Miguel Ángel Blanco. No tras el 11-M: se declara con el Rey fuera del país, el todavía presidente Zapatero en el limbo de los nonatos y el jefe de la Oposición mirando cara a La Gomera. Gaspar Zarrías, secretario de estado de Política Institucional, insinúa connivencias del PP con los controladores. No hay respuesta oficial, cese o desmentido de estas palabras.
Rubalcaba se ha dotado estos últimos meses de una cómoda, conveniente, colección de precedentes. En el aire, colgadas de una finísima crin de caballo, oscilan de ahora en adelante y sobre nuestras cabezas las siguientes preguntas: ¿decretará Rubalcaba el estado de alarma en el caso de una eventual intervención de la Unión Europea o el FMI? ¿Lo hará en el caso de una eventual victoria del PP en las elecciones?
En contra de las apariencias, el peor legado que nos ha de dejar Zapatero no será la ruina económica sino la ruina política, institucional y aun moral en la que ha convertido a España. Queda también Rubalcaba de albacea. Anda Rajoy satisfecho con el unánime respaldo que muestran las encuestas al PP. Haría bien en considerar que heredará sólo si Rubalcaba quiere, cuando Rubalcaba quiera, en las condiciones en las que Rubalcaba quiera. La ventaja de éste es, como el mismo dice, que "lo sabe todo de todo el mundo".
http://www.libertaddigital.com/opinion/humberto-vadillo/estado-de-rubalcaba-57516/
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Controladores
El auténtico estado de alarma es la impunidad
Guillermo Dupuy
Gracias al privilegiado sistema gremial y precapitalista con el que se les ha beneficiado, los controladores han podido restringir el acceso a la profesión, razón no sólo de sus multimillonarias retribuciones, sino también de su previsión de impunidad.
Me parece bastante evidente que si los controladores que han provocado el cierre del espacio aéreo español, cuantiosos perjuicios económicos y morales a millones de ciudadanos así como la ineludible –sí, ineludible– toma de medidas excepcionales y similares a las que el Gobierno estadounidense tomó tras los ataques terroristas del 11-S, hubieran tenido la absoluta certeza de que sus gravísimos delitos les iban a acarrear penas de prisión, la confiscación presente y futura de su patrimonio en concepto de daños y perjuicios y su inmediato despido de la carrera profesional, jamás los habrían perpetrado. Los únicos responsables de que estos sinvergüenzas tuvieran una convicción de impunidad, sin la cual jamás hubieran visto ganada su "batalla" antes de librarla, no es otro que el Gobierno.
Aunque el Ejecutivo de Zapatero no termine premiando a estos sinvergüenzas con la retirada del leve recorte planteado a sus obscenos privilegios profesionales, dudo mucho que su incompetencia pasada le permita ahora castigarlos. Y lo creo, tal y como lo han creído los delincuentes, por la sencilla razón de que castigarlos en estos momentos provocaría un mayor trastorno social que el que han causado ellos perpetrando su delito.
Ciertamente, si ese medio millar de sinvergüenzas que abandonaron tan dolosamente su servicio fueran encarcelados o, simplemente, despedidos, el Gobierno no tendría personal con el que sustituirlos. Y es que, gracias a ese privilegiado sistema gremial y precapitalista con el que este Gobierno –y los anteriores– los ha venido beneficiando, los controladores han podido restringir el acceso a la profesión, razón no sólo de sus multimillonarias retribuciones, sino también de su previsión de impunidad a la hora de defender sus privilegios incurriendo en delito. Esa falta de liberalización del sector era y es el auténtico estado de alarma al que nadie hizo caso, y no el que, como parche y mal menor, el Gobierno se ha visto empujado a declarar ahora. En el pecado de la falta de liberalización del sector el Gobierno va a tener –más bien, los ciudadanos– su penitencia y una mayoria de los controladores su impunidad.
Y es que aquí, valga el ejemplo, no se había acaparado previamente carbón antes de plantar cara a una huelga de mineros, tal y como, sino recuerdo mal, hizo Thatcher para la ocasión. No existe algo así como un "ejército de reserva" civil de controladores del que poder echar mano; y el verdadero Ejército no tiene controladores lo suficientemente numerosos y preparados como para sustituir al medio millar que han incurrido en delito. Expertos en la cuestión, como Francisco Capella, tampoco ven nada fácil lo de traerse controladores del extranjero, donde tampoco sobran, y que, en cualquier caso, no podría hacerse de un día para otro, por mucho que en España sus retribuciones sean superiores.
Esa es la razón por la que creo que la falta de previsión e incompetencia del Gobierno le va a obligar a tener que empezar a exculpar a muchos de los delincuentes que decía que iba a llevar a los tribunales; tendrá que presentárnoslos –como de hecho Blanco ya ha empezado a hacer– como "excelentes profesionales que obedecían las indicaciones de un grupo reducido que hay que identificar". Vamos, como si hubiera controladores que hubiesen perpetrado su delito, no en comandita con los demás, sino siguiendo las órdenes de alguna autoridad.
En cualquier caso, el Gobierno no lo va atener nada fácil en su forzada misión de que la mayoría de los delincuentes se vaya de rositas. Son muchos los ciudadanos que están acudiendo a los tribunales para que todos –y no sólo "un grupo reducido"– paguen por sus delitos. Lo que me parece claro es que el auténtico estado de alarma reaparecerá tan pronto el Gobierno derogue el que ha aprobado como medida de excepción. Y a nadie le alarmará.
http://www.libertaddigital.com/opinion/guillermo-dupuy/el-autentico-estado-de-alarma-es-la-impunidad-57514/
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ElConfidencial.com > España
LA SITUACIÓN ACTUAL ES EL RESULTADO DE DIEZ MESES DE INFARTO A NIVEL LEGISLATIVO
Zapatero ha cambiado las reglas del juego a los controladores diez veces desde febrero
@D. Toledo.- 10/12/2010 (06:00h)
El camino que lleva al infierno está pavimentado con las mejores intenciones. Y aunque el Ejecutivo hace gala de las mejores, su decena de reales decretos y órdenes ministeriales desde que en febrero se abrió en canal el conflicto con los controladores aéreos no ha hecho sino empeorar progresivamente la situación. Hasta el punto de desembocar en la declaración del estado de alarma del pasado sábado, por primera vez en 35 años de democracia. Lo explicó bien ayer el líder de la oposición, Mariano Rajoy. “Llegamos a un punto en que sólo cabe apoyar al Gobierno, pero algo se podría haber hecho antes”, vino a argumentar. Desde el 5 de febrero lleva haciendo cosas el ministro de Fomento, José Blanco, sin resultados aparentes.
El BOE publicaba ese día un Real Decreto-ley por el que Aena asumía la organización del trabajo del colectivo, con la Semana Santa y temores de paros a la vista. El nuevo marco fijaba una jornada anual de 1.750 horas con un máximo de 80 horas extraordinarias trabajadas. El objetivo era ahorrarse el coste de las extraordinarias, cuyo coste multiplicaba por tres la hora normal a partir de las 1.200 horas al año. Además, según la nueva normativa, los descansos se establecían en un 25% de la jornada diurna, frente al 33% anterior, y de un 33% en la nocturna, frente al 50% recogido en el convenio entonces vigor. Todo un rejón. Para los controladores, hay un antes y un después de esa modificación.
La nueva jornada no evitó urgencias puntuales pese a que Aena se comprometía a publicar los turnos por meses naturales y con una antelación de diez días. Y provocó los denominados servicios exprés. Estos se comunicaban por carta, prácticamente de un día para otro y bajo la amenaza de sanciones en caso de que el controlador no cumpliera la jornada necesaria para garantizar el servicio. Una obligación derivada del deber para los controladores “de realizar de manera inexcusable la jornada necesaria para garantizar la continuidad y sostenibilidad de dichos servicios y la obligación de Aena, como entidad prestadora de servicios de navegación aérea, de dar continuidad a la prestación de los mismos”.
En román paladino, que no se resolvió ni de lejos el problema. Es más, se enconó. Pasada la Semana Santa, el verano traía consigo un nuevo periodo de riesgo. Y no precisamente para atenuarlo, el Gobierno aprobaba el 30 de julio un Real Decreto -publicado en el BOE el 5 de agosto-, en el que endurecía los tiempos de actividad y descanso de los controladores Una primera vuelta de tuerca a la regulación aprobada en febrero. El nuevo marco legal desencadenó la amenaza de huelga del colectivo. Incluso hubo fechas sobre la mesa para su celebración, el 18 y 20 agosto. Finalmente, el propio ministro de Fomento terció en el conflicto para sofocar la revuelta. Y lo logró.
El tercer foco del incendio empezó a fraguarse hace diez días. Como adelantó El Confidencial, los controladores gallegos empezaban a ausentarse de su puesto al entender que habían sobrepasado el tope de 1.670 horas que Real Decreto de febrero fijaba como tope anual. Una actitud que amenazaba con colapsar otros aeródromos. El Consejo de Ministros del 3 de diciembre clarificó la jornada laboral, sacando de ese umbral las imaginarias (periodos de guardia), los períodos de formación no computables como actividad aeronáutica, los permisos sindicales o las ausencias por incapacidad laboral. De ahí se pasó a la deserción masiva del viernes por la tarde y a dos cambios dramáticos en el estatus laboral de los controladores. Primero, las torres pasaron a ser controladas por militares –en virtud del mismo Real Decreto 13/2010- y después se militarizó a los propios controladores, al declarar el Real Decreto 1673/2010 el estado de alarma.
Privatizaciones, AFIS y torres ‘low cost’
A esos cinco cambios sustanciales en las condiciones laborales de los controladores se han unido otras disposiciones sobre la estructura de Aena que afectan directamente al colectivo. Sin ir más lejos, el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, regulaba el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea. Una disposición que abría la veda para liberalización de las torres de control, un proceso que Fomento espera arrancar en las próximas semanas y que obligará a recolocar a un buen número de controladores. Desde el sindicato que agrupa a la mayoría del colectivo (USCA) se ha criticado abiertamente esta medida, en tanto estiman que supone una privatización encubierta y disminuirá la calidad del servicio.
En paralelo, el 24 de septiembre se aprobaba, de nuevo mediante Real Decreto, los requisitos para provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS), un modelo automatizado para aeropuertos pequeños que suple por un técnico la presencia del controlador. El Gobierno inicialmente planteó aplicarlo en seis aeropuertos y ya está en marcha en La Gomera. Desde Aena se ha asegurado que tendrá “el mismo grado de seguridad” que el sistema de control convencional y que no se montará en las dependencias en las que haya dudas. Para los controladores, supone una clara merma en los estándares de seguridad.
Para rematar, el 3 de diciembre y dentro del paquete de medidas para el relanzamiento de la economía, el Gobierno daba el primer paso en la separación de la gestión aeroportuaria y la navegación aérea, al crear la sociedad Aena Aeropuertos, en la que el capital privado podrá entrar con hasta un 49%. También se contemplaba privatizar hasta un 30% de El Prat y Barajas. Culminación de ocho meses de infarto a nivel legislativo, en que también se han publicado resoluciones menores para canjear las licencias de los controladores o los requisitos para la certificación de proveedores civiles de formación de controladores. El BOE convertido en una sorpresa diaria.
http://www.elconfidencial.com/espana/zapatero-cambiado-reglas-juego-controladores-veces-20101210-72444.html
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