Psoe a 2 ª

El PSOE busca españoles de segunda
7 de Julio de 2013 - 12:11:46 - Luis del Pino

Editorial del programa Sin Complejos del domingo 7/7/2012

Tras la Guerra Civil en EEUU, los negros habían conseguido, sobre el papel, la igualdad con los blancos. Pero solo sobre el papel. En todos los estados del sur - es decir, en todo el territorio de la Confederación - el Partido Demócrata comenzó, a partir de finales de la década de 1870, a aprobar las denominadas "leyes de Jim Crow", destinadas a dejar sin efectos prácticos la igualdad racial teórica prevista en las leyes de ámbito nacional.

El nombre "Jim Crow" (Jaime Cuervo) era una forma despectiva de referirse a los negros. Y con ese nombre, leyes de Jim Crow, se designa un amplio y variado abanico de leyes de ámbito regional, que lo que hacían era garantizar el control político por parte de la minoría blanca y mantener a los negros en posición de inferioridad social. Puede que la esclavitud hubiera sido abolida, pero los blancos del sur, abanderados por el Partido Demócrata, no estaban dispuestos a dejar que los negros fueran sus iguales.

Básicamente, las leyes de Jim Crow se orientaban en dos direcciones. Por un lado, se promulgaron normas que, aunque reconocían el derecho a voto de los negros, ponían todo tipo de trabas para que se registraran como votantes; como resultado, en algunos estados sólo el 0,5% de los negros podía ejercer su derecho a voto. Por otro lado, se promulgó otra serie de normas con el objetivo de implantar el sistema de segregación racial en los servicios públicos, en los transportes, en el comercio y en las escuelas; la expresión legal correspondiente, utilizada por primera vez en una ley de Luisiana del año 1890, era "iguales, pero separados".

Aquel sistema aberrante y racista que el Partido Demócrata puso en marcha, consagrado por las denominadas Leyes de Jim Crow, no desaparecería hasta casi un siglo después, cuando en la década de 1960 se promulgaron a nivel nacional la Ley de Derechos Civiles y la de Derecho a Voto, que terminaron, al menos de iure, con las últimas normas segregacionistas.

Ayer conocimos el texto sobre estructura del Estado que el Consejo Territorial del PSOE ha aprobado por unanimidad en su última reunión, celebrada en Granada. Se trata de un texto realmente terrible, en el que el Partido Socialista se decanta finalmente por la defensa abierta de la desigualdad entre españoles, disfrazada de estructura federal.

Ya los primeros párrafos de la propuesta son un claro indicio de su contenido. El PSOE califica como un éxito este estado autonómico que nos ha llevado a la ruina, dice que es el estado autonómico el que nos ha dado el estado del bienestar y llega a afirmar que la democracia no podría existir sin estado autonómico. Debe de ser que el estado centralista surgido de la Revolución Francesa o el estado portugués no son democráticos, a juicio del PSOE.

Y después de mucha verborrea sin sentido, el documento desgrana toda una serie de propuestas con las que el Partido Socialista viene a cargarse la igualdad entre españoles que la Constitución consagra.

De un lado, el PSOE aboga por delimitar a la baja las competencias del Estado, adecuándolas a lo dispuesto en los estatutos de autonomía de segunda generación. Es decir, se somete la Constitución a los estatutos de autonomía, en vez de a la inversa. Con ello, el Estado quedaría reducido a un mero papel residual, sin poder siquiera intervenir en las competencias que las Comunidades Autónomas tuvieran asignadas en exclusiva ("se garantizará que las Comunidades ejerzan... [sus competencias] exclusivas sin interferencias").

La propuesta pide también "reforzar el poder autonómico de estas comunidades en las políticas de ordenación, defensa y promoción de su lengua propia". Es decir, no basta con que determinadas comunidades autónomas conculquen ya sistemáticamente los derechos lingüísticos de los españoles, sino que hay que reforzar todavía más su poder a este respecto. O sea, hacer que el ciudadano no cuente con ningún tipo de defensa por parte del Estado frente a las coacciones lingüísticas.

El PSOE pide también, en su documento, reconocer y ampliar constitucionalmente los hechos diferenciales, que no solo serían los lingüísticos, los forales o los insulares, sino que también deberían contemplar un tratamiento especial para Andalucía, que para algo es un granero de votos del PSOE. Y a las demás regiones, que las vayan dando.

Pide también la propuesta que el Senado se convierta en una cámara de representación de las autonomías que prácticamente tendría derecho de veto sobre cualquier tipo de ley que afectara a las autonomías (es decir, sobre casi todas las leyes). Esa cámara de las autonomías tendría que ser, según el PSOE, la que autorizara que España firme convenios de cooperación con otros países y la que se encargara de articular la presencia de España en Europa. O sea, las autonomías serían las que dictarían la política exterior española.

También se institucionalizaría la Conferencia de Presidentes, que podría ser convocada cuando así lo deseara una mayoría de presidentes autonómicos, al margen de lo que quiera el presidente del gobierno español. Es decir, se pone a los presidentes autonómicos al mismo nivel que el presidente de gobierno, que pasa a ser uno más entre dieciocho.

En el ámbito de la Justicia, el PSOE aboga porque la administración judicial se termine de descentralizar: 1) transfiriendo todas las competencias respectivas a las autonomías; 2) haciendo que las autonomías participen también en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y, lo más importante, 3) aboga porque los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma sustituyan al Supremo como órganos de última instancia.

Por último, la propuesta pide (aunque de forma bastante alambicada) limitar la solidaridad entre regiones, es decir, que las regiones ricas no paguen tanto como hasta ahora.

En resumen: ayer el PSOE puso sobre la mesa sus particulares Leyes de Jim Crow, destinadas a terminar de dinamitar el Estado que garantiza (o debería garantizar) los derechos de los españoles.

Como las leyes de Jim Crow, el PSOE busca con su propuesta definir un sistema de españoles "iguales, pero separados" que consagre la segregación en función de tu lugar de nacimiento.

Como las Leyes de Jim Crow, las propuestas del PSOE respetan en la superficie la igualdad que la Constitución exige, pero consagran en la práctica la desigualdad más absoluta en términos lingüísticos y económicos.

Como las Leyes de Jim Crow, en fin, las propuestas del PSOE no son otra cosa que un instrumento destinado a consagrar el dominio político de oligarquías regionales sobre la mayoría de la población, a la que se le niega el control de su propio destino.

A la vista de esto, a la vista de este nuevo intento del PSOE por asegurar la existencia de españoles de primera y de segunda, a los españoles solo nos queda desear que el PSOE termine de hundirse de una vez, a ver si deja de hacer daño a España, a los españoles y, en especial, a los ciudadanos menos favorecidos económicamente, que son quienes, a la postre, sufrirían el impacto directo de las nuevas y discriminatorias leyes de Jim Crow socialistas.


http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/el-psoe-busca-espanoles-de-segunda-12329/

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SE ESTRECHA EL CERCO SOBRE GRIÑÁN
Lista de altos cargos de la Junta imputados por los ERE fraudulentos
La investigación de la juez Mercedes Alaya ha desvelado hasta qué punto la corrupción estaba instalada en la Junta de Andalucía.


PEDRO DE TENA 2013-07-07
En el marco de la instrucción del caso de los expedientes de regulación de fraudulentos, conocido como "el caso de los ERE", la juez instructora, Mercedes Alaya, imputaba esta semana a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía. De entre todos destacaba el nombre de la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

Esta nueva tanda de imputaciones vuelve a elevar el número de implicados en el caso, que entre sindicalistas y miembros de la Junta de Andalucía dejan en evidencia un caso de corrupción enquistado en el mismo seno del Gobierno andaluz. Tanto es así que, cada vez le quedan menos resquicios a José Antonio Griñán y a Manuel Chaves para evitar sus responsabilidades en el caso.

A continuación se enumera un listado con todos los cargos presentes y pasados de la Junta de Andalucía que pasarán por los juzgados, la auténtica "Beautifull People" del gobierno Andaluz.

Consejeros de la Junta

Magdalena Álvarez: ex ministra de Fomento, ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Antonio Fernández: ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010. Antes, desde 1995, ocupó el cargo de viceconsejero en este área y, desde el año 2000, la vicepresidencia del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que otorgaba las ayudas.
Viceconsejeros de la Junta

José Salgueiro: ex viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta entre 1990 y 2004
Antonio Vicente Lozano Peña: viceconsejero de Presidencia de la Junta y ex director general de Presupuestos entre 2002 y 2009
Justo Mañas: ex viceconsejero de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012
Gonzalo Suárez: ex viceconsejero de la consejería de Ciencia, empresa e Innovación de la Junta
Jesús María Rodríguez Román: ex viceconsejero de Ciencia, Empresa e Innovación de la Junta
Agustín Barberá: ex viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 y número 2 de Antonio Fernández.
Interventores

Manuel Gómez Martínez: ex interventor general de la Junta de Andalucía
Juan Luque: interventor delegado de Empleo desde 2008
Secretarios Generales Técnicos de Consejerías

Antonio Estepa Giménez: ex secretario general técnico de la Consejería de Hacienda
Juan Francisco Sánchez García: ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2004
Javier Aguado Hinojal: ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo entre 2004 y 2008
Lourdes Medina Varo: ex secretaria general técnico de la Consejería de Empleo entre 2008 y 2012
Directores Generales

Buenaventura Aguilera Díaz: ex director general de Presupuestos de la Junta desde 2009
Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco Mencía: todos ellos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo que sustituyó al IFA.
Francisco Javier Guerrero: ex director general de Empleo de Andalucía entre 1999 y 2008 y encargado de firmar los expedientes de las ayudas de los ERE
Juan Márquez: ex director general de Empleo entre 2009 y 2010 con Antonio Fernández como consejero.
Daniel Rivera: ex director general de Empleo desde 2010 hasta su cese en 2012
Pablo Millán y Juan Vela: ex directores de Finanzas del IFA
Delegados provinciales de la Junta de Andalucía

Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Rivas: exdelegados de Empleo de Sevilla
Los más destacados de los restantes
Los 20 imputados esta semana por la juez Alaya se unen a un nutrido grupo de personas imputadas previamente y que incluyen a muchos ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Estos son los principales nombres:
Carlos Leal Bonmati: director del bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasis
Juan Francisco Trujillo: fue durante nueve años el chófer de Francisco Javier Guerrero
Juan Lanzas: el exsindicalista de UGT y "conseguidor" de los ERE.También están imputadas la esposa, la cuñada y la suegra de Lanzas.
Ismael Sierra: cuñado de Lanzas
Antonio Albarracín: ex director general de Vitalia, consultora que habría recibido comisiones como mediadora en los ERE
Eduardo Pascual y María Vaqué: exadministradores de Vitalia
José González Mata: dueño de la consultora Uniter, que obtuvo comisiones.
Eduardo Leal del Real: testaferro del caso de los ERE
Juan Francisco Algarín: testaferro del caso de los ERE
Y hasta 93, el resto

http://www.libertaddigital.com/espana/2013-07-06/lista-de-altos-cargos-de-la-junta-imputados-por-los-ere-fraudulentos-1276494560/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

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ESPAÑA / EL ROMPEOLAS. ESPAÑA VISTA DESDE CATALUÑA
Qué pasa
JUAN CARLOS GIRAUTA
Día 07/07/2013 - 03.44h
¿Qué les pasa a los barceloneses críticos con el dispendio municipal del falseado «Tricentenario» (de 1714)? Que son «gente enferma». Lo ha dicho el alcalde Xavier Trias, médico pediatra.
¿Qué les pasa a los barceloneses críticos con el dispendio municipal del falseado «Tricentenario» (de 1714)? Que son «gente enferma». Lo ha dicho el alcalde Xavier Trias, médico pediatra. La enfermedad nos la puede haber pasado la mosca que llevamos detrás de la oreja -más bien un moscardón cazador de abejas- por la infinita generosidad del Ayuntamiento para con la Generalitat. Según la oposición, la deuda asciende a 441 millones de euros, de los que sólo se reconocen 236. El gobierno de la ciudad, que tiene un corazón enorme, quiere renunciar a la morterada, por eso provisionó 136 millones al cierre de 2012. Para el doctor Trias, lo primero es la entrega a los demás (a los de Mas), y lo segundo -o tercero- Barcelona.

¿Qué les pasa a Ciudadanos y al PPC, partidos catalanes que han decidido no participar en la Comisión del Derecho a Decidir? Que son «negacionistas». Lo ha dicho el jefe de filas parlamentario de CiU, Jordi Turull. Negacionista es término infamante reservado para los negadores del Holocausto. Colgar etiquetas pringosas al adversario político y al discrepante, de forma sistemática, es, de momento, la parte más sucia del famoso «projecte». De «negacionistas de la historia de Cataluña y la realidad», nada menos, ha acusado concretamente Turull a los dos partidos que se resisten al juego trucado de Mas y Junqueras. Que el PSC prefiera sentarse a esa mesa antes que acompañar a los apestados constitucionalistas certifica la caída de Pere Navarro en la espiral amoral y semántica del nacionalismo crecido, cuya principal incidencia social no tiene que ver con los dineros ni con las competencias, sino con la alteración del significado de las palabras.

¿Qué les pasa a los que ven en el sintagma «derecho a decidir» una fuente de problemas? Que los problemas los van a tener ellos. Lo ha dicho CiU, oficialmente, en un tuit sombrío de navajero: «La animadversión hacia el derecho a decidir de sectores españoles o partidos en pleno siglo XXI no puede salir gratis». Con lógica alarma e indignación, Albert Rivera le ha reprochado la amenaza a Artur Mas. La respuesta presidencial informa de lo siguiente: 1) Él no ha redactado el tuit. (¡Oh, vaya, Mas no se encarga personalmente de las amenazas!) 2) La expresión «no puede salir gratis» significa, dice, que los contrarios al derecho a decidir perderán votos. ¿Ah, sí? Entonces el president cree que a las elecciones se presentan «sectores españoles» además de partido políticos propiamente dichos. A Ciudadanos, por ejemplo, van a tenerlo por sector español, cosa sospechosísima, más que por partido. O eso, o la aclaración presidencial es caca de vaca. Subyace en el enfrentamiento parlamentario donde el tuit fue leído una respuesta implícita e inequívoca a Rivera: ya ha entendido usted lo que queremos decir. Esa y otras señales amenazadoras explican la frase lanzada a Mas por el líder de Ciudadanos, de reminiscencias zolianas: «Yo le acuso a usted de todo lo que pueda pasar en Cataluña en un futuro». Añadió: «Dejen de hacer apología del odio y respeten a aquellos que piensan diferente».

¿Qué nos pasa a los catalanes? Que estamos muy contentos porque ahora podremos apoyar al gobierno nacionalista de una forma novedosa y fehaciente. Lo ha dicho el Gobierno Mas: se van a crear ficheros informáticos de adhesión política. Lo cual equivale, corriendo el tiempo, a la división del censo -o de la abogacía, o de los contratistas públicos, o de los docentes- en dos grandes grupos: afectos y desafectos. Sé que esta deriva totalitaria parece mentira. Pero está pasando hoy en Cataluña.

http://www.abc.es/espana/20130707/abci-girauta-pasa-201307070320.html#.UdkhQYg0CTc.twitter